La Justicia investiga un presunto ataque coordinado en redes a Victoria Villarruel que implicaría a Lilia Lemoine

El juez federal Sebastián Casanello encabeza una investigación judicial que intenta develar si la vicepresidenta Victoria Villarruel fue blanco de un ataque coordinado en redes sociales, por medio de una orden a la División de Ciberpatrullaje de la Policía para peritar mensajes, cuentas, patrones de publicación e interacciones digitales que permitan determinar si hubo una acción organizada detrás de los contenidos denunciados.La causa se originó a

A partir de una presentación realizada por la propia Villarruel, quien denunció haber sufrido un hostigamiento persistente en plataformas digitales que, según sostuvo, excedió la crítica política habitual y podría encuadrarlas como amenazas, intimidación pública o incitación, además de advertir sobre la posible existencia de una estructura coordinada.

Entre las personas señaladas en la denuncia figuran la diputada Lilia Lemoine, el biógrafo presidencial Nicolás Márquez y el director del medio La Derecha Diario, Javier Negre, además de cuentas anónimas y perfiles de alto nivel de difusión, a los que la vicepresidenta vinculó con publicaciones que calificó como “rebelión”, “amenazas” e “intimidación pública”.

En una primera etapa, la investigación había sido delegada en el fiscal Franco Picardi, quien clasificó los mensajes denunciados en distintos grupos, amenazas, posibles calumnias o injurias y expresiones no delictivas, y sostuvo que, aun sin delito penal comprobado, podía tratarse de un caso de violencia política de género en entornos digitales, postura que luego fue avalada por el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe.

Sin embargo, Casanello resolvió reasumir la investigación, tuvo por querellante a Villarruel y dispuso profundizar el análisis de manera integral, al considerar que fragmentar los hechos podría desdibujar su gravedad y afectar la eficacia de la pesquisa, especialmente ante la posibilidad de que exista un patrón sistemático de ataques dirigidos contra una figura institucional.

La decisión judicial se inscribe en un clima de enorme tensión entre la vicepresidenta y el Gobierno nacional, con la relación interna completamente quebrada y acusaciones cruzadas que se trasladan al terreno judicial.

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