11.04.2026 / Derechos Humanos
El Salvador avanza con juicios masivos contra miles de detenidos: denuncian violaciones al debido proceso
Los juicios masivos en El Salvador avanzan contra unas 91.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción que impulsa el presidente Nayib Bukele desde 2022. Reformas legales permiten procesos colectivos sin individualizar responsabilidades, mientras organizaciones de derechos humanos alertan sobre el riesgo de condenar a inocentes.
Las reformas aprobadas por el Congreso habilitan a los tribunales a juzgar de manera colectiva a grupos numerosos de acusados, sin necesidad de analizar de forma individualizada la conducta de cada uno. En la práctica, esto implica audiencias con decenas o incluso cientos de imputados, en las que las pruebas y responsabilidades se presentan de forma general.
Organizaciones de derechos humanos advierten que este esquema vulnera principios básicos del debido proceso, como el derecho a la defensa individual, la presunción de inocencia y la evaluación personalizada de la prueba. El principal temor es que personas sin vínculos con estructuras criminales queden atrapadas en condenas masivas sin posibilidad real de defenderse.
Las críticas también apuntan a las condiciones en las que se desarrollan estos procesos. Familiares de detenidos denuncian dificultades para acceder a información sobre las causas, obstáculos para contar con defensa legal adecuada y la imposibilidad de seguir de cerca el avance de los juicios.
El gobierno, por su parte, defiende el modelo como una herramienta necesaria frente a la magnitud del fenómeno de las pandillas. Desde el oficialismo sostienen que el sistema judicial tradicional resultaba insuficiente para procesar el volumen de casos y que las medidas extraordinarias son clave para sostener la caída en los índices de violencia.
Sin embargo, el avance de esta justicia colectiva abre un debate más amplio sobre los límites de las políticas de seguridad. Mientras Bukele consolida su modelo como referencia regional en la lucha contra el crimen organizado, crece la discusión sobre el costo institucional de estas medidas y el riesgo de erosionar garantías fundamentales en nombre de la eficacia.
En ese cruce entre seguridad y derechos, El Salvador se convierte en un caso testigo: un experimento de justicia masiva que, para sus críticos, pone en tensión uno de los principios centrales del Estado de derecho, que es juzgar a cada persona por lo que hizo y no por el grupo al que se la asocia.
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