13.04.2026 / Disputa portuaria en el Canal

Panamá escala la disputa por los puertos del Canal: dos empresas se enfrentan por el control de las terminales

Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, inició un arbitraje internacional contra la compañía danesa Maersk tras perder la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal en ambos extremos del Canal de Panamá.



Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, anunció el martes 8 de abril el inicio de un arbitraje internacional contra la naviera danesa Maersk por el control de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, ubicadas en los extremos Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá.

La medida escala una disputa que comenzó en enero, cuando la Corte Suprema panameña anuló el contrato de concesión que permitía a PPC operar ambos puertos desde 1997 - por considerar que el marco legal era inconstitucional - y la Autoridad Marítima del país entregó la gestión transitoria, por hasta 18 meses, a APM Terminals de Maersk y a TIL Panama, ligada al grupo MSC. 

PPC acusó a Maersk de "socavar" un contrato de largo plazo que otorgaba a la firma hongkonesa el uso exclusivo de las operaciones de sus terminales, y señaló que la naviera danesa "se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC y un esquema para sustituirla mediante una toma que instaló nuevos operadores portuarios".

KRDO Maersk, por su parte, aseguró que asumió la operación temporal "para mitigar los riesgos que puedan afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global" y subrayó que no es parte de los procesos legales en curso.

El trasfondo geopolítico: Washington, Beijing y el Canal

La vía fluvial estratégica, por donde transita anualmente alrededor del 40% de todo el tráfico de contenedores de Estados Unidos, es uno de los puntos clave de las tensiones entre Washington y Beijing. El presidente Donald Trump venía denunciando desde antes de asumir su segundo mandato la supuesta influencia china sobre la infraestructura y llegó a amenazar con retomar el control de la vía interoceánica. Beijing, por su parte, impidió que CK Hutchison vendiera a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock unas 40 terminales portuarias alrededor del mundo, incluidas las panameñas. 

La compañía PPC cuantificó los daños de la intervención estatal panameña en más de 2.000 millones de dólares, un mes después de lo que califica como una "toma ilegal" de las terminales. El presidente panameño José Raúl Mulino rechazó las acusaciones y aseguró que su país "es un Estado de Derecho y que el fallo debe ser respetado".

China retiene buques y eleva la presión

En marzo, las detenciones de buques con bandera panameña en puertos de China saltaron a niveles que la Federal Maritime Commission de Estados Unidos describió como "muy por encima de las normas históricas". De 124 buques detenidos para inspección en puertos chinos durante marzo, 92 eran de bandera panameña. Washington interpretó la maniobra como una represalia directa de Beijing ante la pérdida de la concesión por parte de CK Hutchison.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, rechazó las acusaciones y afirmó que "las reiteradas y erróneas alegaciones de EE.UU. solo revelan su intento de tomar el control del Canal de Panamá". La Cámara Marítima de Panamá estimó que alrededor de 80 embarcaciones se vieron afectadas por las inspecciones chinas.

La concesión en disputa y el futuro de los puertos

A fines de enero de 2026, la Corte Suprema de Panamá invalidó el marco legal que sustentaba la concesión de CK Hutchison para operar las terminales de Balboa y Cristóbal, ubicadas en los lados Pacífico y Atlántico del canal. El fallo se produjo tras una auditoría estatal que señaló irregularidades contractuales. La concesión original databa de 1997, cuando Panamá recuperó la soberanía sobre el Canal de manos de Estados Unidos.

En paralelo, la Autoridad del Canal de Panamá tiene previsto adjudicar antes de fin de año dos nuevas concesiones portuarias, con una inversión estimada de 2.600 millones de dólares, para ampliar la capacidad de transbordo del país a partir de 2029. Entre las empresas convocadas al proceso se encuentran APM Terminals, DP World, PSA International y varios operadores asiáticos.