22.04.2026 / ENERGÍA

Avanza la privatización silenciosa: YPF pone en venta Metrogas y busca recaudar más de 700 millones de dólares

La petrolera estatal avanza con el desprendimiento de su participación mayoritaria en la principal distribuidora de gas del país. Hay 13 interesados en la operación y el Gobierno apuesta a capitalizar el nuevo esquema tarifario, mientras crecen las dudas sobre el futuro del servicio.




YPF profundiza su estrategia de reorganización de activos y puso en marcha el proceso de venta de su participación en Metrogas, en una decisión que vuelve a encender el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos. La compañía ya recibió el interés de 13 empresas que presentaron ofertas no vinculantes en la primera etapa, cerrada el pasado 9 de abril.

La petrolera, presidida por Horacio Marín, apunta a superar los 700 millones de dólares por el paquete accionario cercano al 70% que controla en la distribuidora. Para llevar adelante la operación, contrató al banco Citi como asesor financiero y avanza ahora hacia una segunda fase con los oferentes seleccionados, que incluirá acceso a información detallada para definir propuestas concretas.

El atractivo de Metrogas se explica en gran parte por el nuevo esquema tarifario vigente tras la Revisión Quinquenal 2025-2030, que permitió recomponer ingresos luego de años de atraso. Actualmente, la empresa registra ventas superiores a los 800 millones de dólares anuales y un EBITDA cercano a los 150 millones, consolidándose como la principal distribuidora de gas del país con más de 2,4 millones de usuarios.

Sin embargo, la operación no está exenta de condicionamientos. Uno de los puntos clave para cerrar la venta es la extensión del plazo de concesión, un factor determinante para garantizar la rentabilidad futura del negocio. En el mercado reconocen que sin esa definición regulatoria, el proceso podría enfrentar obstáculos.

En este contexto, la movida de YPF se inscribe en una lógica de desinversión que el Gobierno impulsa en distintas áreas, con el argumento de atraer capitales privados. Mientras tanto, queda abierta la discusión sobre el impacto que estas decisiones tendrán en el acceso y el costo de servicios esenciales para millones de usuarios.