El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos. Un expediente que se originó tras la denuncia por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos en el marco del evento “Argentina Week”. En este marco, el Gobierno se mostró aliviado y festejó en redes sociales.
La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano. La denuncia apuntó a presunto uso indebido de recursos públicos, precisamente por el traslado de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial en marzo pasado.
Según determinó el magistrado Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscalía, el viaje no implicó un gasto adicional para el Estado ni configuró una irregularidad. Entre los argumentos se destacó que había lugares disponibles en la aeronave y que la presencia de la esposa del funcionario no alteró los costos del traslado.
El Jefe de Gabinete celebró en redes sociales con una frase reflexiva. “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones. El presidente Javier Milei se refirió al respecto.
De todas maneras, continúa la causa por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. En las últimas horas, la Justicia pidió informes sobre dos cajas de seguridad que están a nombre de la esposa del jefe de Gabinete.
Este pedido vinculado a la esposa de Adorni se suma a otra causa en la que es investigada que está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó una serie de medidas de prueba para analizar contratos estatales y determinar si existieron irregularidades que la pudieran haber beneficiado. La investigación, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, apunta a revisar licitaciones y concesiones, entre ellas la del predio de Tecnópolis.
La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que plantea posibles irregularidades en una contratación de 2025 por más de 3.600 millones de pesos para servicios de SMS, correos electrónicos y llamadas. Según la presentación, las empresas participantes tendrían vínculos entre sí, lo que podría indicar una simulación de competencia en la licitación.