23.06.2026 / CONGRESO NACIONAL
Operativo blindaje: el oficialismo negocia con legisladores aliados para frenar la interpelación a Adorni en el Senado
Mientras la Justicia profundiza la investigación sobre su patrimonio, La Libertad Avanza busca ganar tiempo en el Congreso. Con ayuda del PRO y sectores de la UCR, el Gobierno intenta elevar la mayoría necesaria para evitar que el jefe de Gabinete deba dar explicaciones en el recinto.
El Gobierno puso en marcha un operativo político para proteger a Manuel Adorni y evitar que la oposición avance con una interpelación en el Senado en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que pesa sobre el jefe de Gabinete.
La estrategia oficialista combina negociaciones parlamentarias, reuniones internas y acuerdos con sectores dialoguistas para ganar tiempo y postergar una exposición pública que el funcionario intenta evitar desde que presentó su cuestionada declaración jurada. La principal jugada se concentra en el Senado. La Libertad Avanza, con el respaldo del PRO y parte de la Unión Cívica Radical, busca imponer el criterio de que cualquier intento de interpelar a Adorni requiera una mayoría agravada de dos tercios, una condición que complicaría seriamente las posibilidades de la oposición.
A cambio, el oficialismo aceptó habilitar la discusión en la comisión de Asuntos Constitucionales, una instancia que podría extender los plazos y empujar el debate hacia las próximas semanas. Las negociaciones fueron encabezadas por Patricia Bullrich, quien logró acercar posiciones con los bloques aliados mientras el Gobierno intenta contener una crisis política que no deja de escalar.
En paralelo, Adorni convocó a los senadores libertarios a una serie de reuniones divididas en tres turnos para intentar ordenar el discurso interno y ofrecer explicaciones sobre su situación patrimonial. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, la declaración jurada que presentó recientemente profundizó los interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para financiar viajes, propiedades y gastos personales. La discusión reglamentaria gira en torno a una diferencia de interpretación sobre la mayoría necesaria para habilitar la interpelación. El titular del interbloque peronista, José Mayans, sostiene que alcanza con una mayoría absoluta de 37 votos, mientras que el oficialismo y sus aliados buscan elevar el umbral a 48 legisladores.
Si prevalece la postura impulsada por el Gobierno, la oposición quedaría lejos de los números necesarios y la convocatoria podría postergarse hasta julio o incluso después del receso parlamentario de invierno. La Libertad Avanza calcula que, con sus propios senadores y el acompañamiento de algunos aliados provinciales, le alcanzaría con reunir 25 votos para bloquear cualquier intento de avanzar este jueves con la interpelación. El objetivo político es claro: evitar que Adorni deba responder en el recinto mientras la Justicia profundiza la investigación sobre su patrimonio y mientras continúan apareciendo inconsistencias en torno a las explicaciones que brindó públicamente.
De concretarse el blindaje parlamentario, el jefe de Gabinete recién podría presentarse el 2 de julio para brindar un informe de gestión general, una instancia en la que no está obligado a responder todas las preguntas de los legisladores. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a ganar tiempo. Pero cada día que pasa sin respuestas concretas parece ampliar el costo político de una situación que ya dejó de ser un problema judicial para convertirse en una de las principales crisis internas de la gestión libertaria.
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