La fabricaci�n de enemigos

En el contexto del Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, resulta necesario analizar cómo esta forma de violencia atraviesa hoy la vida pública argentina. El país enfrenta una compleja situación económica y social: el aumento del costo de vida, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores son consecuencia de decisiones políticas y económicas que tienen como principal responsable al gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

Sin embargo, buena parte de la dirigencia gobernante ha elegido desplazar el foco del debate público. En lugar de discutir soluciones para la crisis, promueve una narrativa basada en la construcción permanente de enemigos.

No estamos ante simples excesos verbales ni frente a un estilo comunicacional agresivo. Estamos ante una forma de construcción política que utiliza los discursos de odio como herramienta de poder.

Toda sociedad convive con conflictos y frustraciones. La bronca frente a una injusticia puede impulsar una transformación democrática: reconoce al otro como interlocutor y busca cambiar una realidad. El odio, en cambio, lo convierte en amenaza y culpable. La bronca organiza demandas colectivas; el odio organiza enemigos.

Cuando esa operación se convierte en discurso político, aparece un fenómeno más peligroso. Los discursos de odio funcionan como una tecnología de poder: simplifican problemas complejos, canalizan frustraciones y construyen culpables visibles. Transforman el malestar en persecución, la diferencia en amenaza y la desigualdad en sospecha.

Su eficacia radica en ofrecer explicaciones sencillas para problemas estructurales. Ante la crisis o la pérdida de derechos, propone una salida falsa: responsabilizar al migrante, al pobre, al trabajador estatal, al periodista, a la feminista, a la persona trans, al sindicalista o a cualquier actor funcional para esa narrativa.

Allí reside su potencia. El odio no sólo divide: también organiza. Define quién merece derechos y quién castigo, quién pertenece y quién sobra.

La gravedad de estos discursos está, sobre todo, en lo que habilitan: degradan la democracia, debilitan los lazos sociales y preparan el terreno para la discriminación, el hostigamiento y la violencia.

La Argentina conoce las consecuencias de esos procesos: antisemitismo, racismo, persecución política, terrorismo de Estado y prácticas de deshumanización que precedieron a las formas más extremas de violencia.

Discutir los discursos de odio no significa reclamar una democracia sin conflicto. La democracia necesita debate y confrontación de ideas, pero también un piso institucional para la convivencia. Lo que no puede aceptar es la conversión sistemática del adversario en enemigo.

No toda expresión dura, provocadora o incómoda constituye un discurso de odio. La libertad de expresión es un pilar democrático y debe proteger especialmente la crítica política y la discusión pública.

Pero esa libertad no ampara la incitación a la discriminación, la persecución ni la deshumanización. El límite aparece cuando la palabra deja de discutir ideas y comienza a negar la dignidad de personas o colectivos.

La cuestión adquiere especial relevancia cuando esos discursos provienen del poder estatal. No produce el mismo efecto una frase de un ciudadano anónimo que una afirmación realizada desde una presidencia o un gobierno con capacidad para ordenar sentidos colectivos. En la Argentina actual, esta matriz aparece con claridad en la narrativa oficial.

El discurso del presidente Javier Milei no puede interpretarse sólo como un estilo provocador. Existe una construcción sistemática de adversarios que incluye a periodistas, organizaciones sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos, feminismos, diversidades y a todo actor que cuestione el rumbo del Gobierno.

Esa narrativa produce un clima social, legitima el hostigamiento, naturaliza la agresión y debilita la convivencia democrática.

Algo similar ocurre cuando la protesta social deja de presentarse como un derecho y pasa a definirse como caos, privilegio o delito. Así, el conflicto democrático pierde legitimidad y comienza a tratarse como un problema de orden público.

La Ciudad de Buenos Aires también ofrece ejemplos preocupantes. Las políticas de seguridad no sólo administran recursos: también definen quién representa una amenaza y quién merece protección.

Por eso resultó significativa la reflexión del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, luego del operativo “Tormenta Negra” en la Villa 31. Cuando afirmó que la verdadera tormenta aparece cuando el Estado se retira, señaló una verdad incómoda: la inseguridad no nace sólo de la ausencia de control, sino también de la ausencia de derechos.

Cuando faltan trabajo, educación, salud, urbanización y presencia estatal, el abandono también produce violencia. Cuando la seguridad convierte la pobreza en sospecha permanente, deja de ser una política de cuidado y se transforma en una herramienta de disciplinamiento social.

En la era digital, el problema se vuelve más complejo. El papa Francisco advirtió que las redes sociales amplifican agresiones, prejuicios y desinformación. Esa preocupación alcanza hoy a los algoritmos y la inteligencia artificial, capaces de multiplicar discursos discriminatorios a una escala inédita.

Naciones Unidas ha señalado que presentar a determinados grupos como amenazas puede volver aceptables la discriminación y la violencia. También se advierte sobre el deterioro del espacio cívico, el hostigamiento a periodistas y la criminalización de la protesta.

Nada de esto es una suma de episodios aislados. Estamos ante una disputa por el sentido de la democracia.

Los discursos de odio no comienzan con la violencia física, pero muchas veces preparan el terreno para ella. Antes de excluir, una sociedad identifica una amenaza. Antes de perseguir, deshumaniza. Antes de atacar, construye un enemigo.

Combatirlos no significa cancelar el debate público, sino defender las condiciones para que pueda existir. Necesitamos un piso institucional para la discusión democrática y la búsqueda de consensos. Porque los discursos de odio no profundizan la democracia: están en su subsuelo.

Esto implica afirmar que ninguna diferencia política, religiosa, nacional, étnica, cultural, sexual, social o ideológica habilita la deshumanización. También supone sostener que la libertad de expresión no puede ser excusa para promover la persecución, del mismo modo que la lucha contra el odio no puede servir para silenciar críticas legítimas.

La respuesta al odio debe ser más democracia, más derechos humanos, más igualdad y más comunidad.

Frente a quienes convierten el malestar social en persecución, la tarea democrática es transformarlo en organización colectiva. Frente a quienes convierten la desigualdad en sospecha, debemos convertirla en políticas de reparación. Frente a quienes fabrican enemigos internos, debemos reconstruir comunidad.

Esa es una responsabilidad central de nuestro tiempo.

* Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, garantías y antidiscriminación de la Legislatura Porteña