10.07.2026 / SUECIA
Suecia gastó millones para repatriar afganos y nadie aceptó volver
El gobierno de Suecia destinó más de ocho millones de coronas suecas a una campaña para promover el retorno voluntario de afganos con orden de expulsión. El programa buscaba convencer a 200 personas de regresar al Afganistán gobernado por los talibanes, pero a dos meses de su finalización no logró que nadie aceptara la propuesta.
El gobierno de Suecia gastó más de ocho millones de coronas suecas (unos 730.000 euros) en una campaña destinada a promover el retorno voluntario de ciudadanos afganos con orden de expulsión. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Migración, aspiraba a convencer a 200 personas de regresar a Afganistán antes de agosto de 2026. Sin embargo, a pocas semanas del cierre del programa, ninguna aceptó la propuesta.
La campaña, denominada "Zindagi Taza" ("Nueva Vida"), fue gestionada por la organización internacional Seefar y financiada por el Estado sueco. Su objetivo era contactar a unos 2.000 afganos residentes en Suecia que no obtuvieron permiso de residencia o recibieron órdenes de expulsión, ofreciéndoles asesoramiento y ayuda para regresar a su país.
Según reveló el diario sueco Aftonbladet, el proyecto logró mantener conversaciones con alrededor de 50 personas, pero ninguna decidió volver a Afganistán. El programa tampoco consiguió alcanzar la cantidad de destinatarios prevista originalmente.
El problema de deportar a Afganistán
El fracaso del plan expone una dificultad que atraviesa a buena parte de Europa desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021. Aunque numerosos países europeos endurecieron sus políticas migratorias en los últimos años, las deportaciones forzadas a Afganistán continúan siendo extremadamente limitadas por razones humanitarias y diplomáticas.
Suecia sostiene que miles de personas permanecen en el país pese a tener órdenes firmes de expulsión. Sin embargo, sin acuerdos operativos con Kabul y ante la situación de derechos humanos en Afganistán, las autoridades tienen pocas herramientas para ejecutar esas decisiones.
Por ese motivo, el gobierno sueco apostó por los retornos voluntarios. El ministro de Migración, Johan Forssell, defendió la iniciativa al afirmar que una política migratoria "regulada y creíble" requiere que las personas que reciben una negativa de asilo abandonen efectivamente el país.
"No podemos aceptar una situación en la que personas sin derecho a permanecer en Suecia simplemente desaparezcan de los registros", señaló el funcionario.
La polémica por la campaña
La investigación de Aftonbladet también abrió interrogantes sobre la transparencia del programa. El material de difusión presentado a los potenciales beneficiarios destacaba que el asesoramiento era independiente de las autoridades suecas, aunque el proyecto era financiado directamente por el gobierno.
Seefar argumentó que muchas personas migrantes desconfían de las instituciones estatales y que la presentación buscaba generar un espacio de diálogo más receptivo.
La organización, que trabaja en distintos países con programas de migración y retorno, también recibió críticas por campañas similares financiadas por gobiernos europeos para desalentar la migración irregular.
Europa busca nuevas vías de diálogo con los talibanes
El caso sueco coincide con un debate más amplio dentro de la Unión Europea sobre Afganistán. Según reveló Euractiv, la Comisión Europea reconoció recientemente que evalúa abrir canales de diálogo más estables con representantes talibanes para abordar cuestiones vinculadas a migración, ayuda humanitaria y retornos.
La posibilidad generó controversia entre organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos europeos, que advierten que una mayor cooperación podría interpretarse como una legitimación política de un régimen acusado de graves violaciones a los derechos fundamentales, especialmente contra mujeres y niñas.
Bruselas sostiene que cualquier contacto tendría un carácter técnico y no implicaría un reconocimiento formal del Emirato Islámico de Afganistán. Sin embargo, el debate refleja una tensión creciente: mientras los gobiernos europeos endurecen sus discursos sobre inmigración, necesitan algún grado de interlocución con Kabul para hacer efectivas las deportaciones y los programas de retorno.
Un objetivo cada vez más difícil
El fracaso del plan sueco muestra los límites de esa estrategia. Para muchos afganos que lograron llegar a Europa, regresar a un país gobernado por los talibanes representa una alternativa poco atractiva, incluso cuando enfrentan una situación migratoria incierta.
Mientras Suecia mantiene oficialmente su objetivo de aumentar los retornos, los resultados obtenidos hasta ahora sugieren que los incentivos económicos y las campañas informativas tienen escasa capacidad para convencer a quienes consideran que volver implica perder las libertades y oportunidades que buscaron al abandonar Afganistán.
A pocas semanas de finalizar el programa, el balance es contundente: cientos de miles de euros invertidos y ningún retorno concretado.
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