Milei hizo jueza a la esposa de Martínez de Giorgi 12 días después del fallo favorable en la causa $LIBRA

El gobierno nacional publicó este miércoles el Decreto 589/2026, mediante el cual el presidente Javier Milei designó a Ana María Cristina Juan como jueza federal de Primera Instancia del Juzgado Federal de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. La firma lleva la rúbrica del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Juan, con más de tres décadas de trayectoria en la Justicia federal, es la esposa del juez de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa que investiga al presidente y a su hermana Karina Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

Lo explícito del caso es que el 3 de julio, el juez Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo de la defensa del imputado Mauricio Novelli y apartó como querellantes a cinco inversores damnificados por la estafa disfrazada de colapso de $LIBRA: Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.

El magistrado sostuvo que las pérdidas por operar con una criptomoneda de ese tipo no alcanzan, por sí solas, para acreditar el perjuicio directo que la ley exige para ser parte querellante. Nadie podría negar que hizo un favor judicial muy grande al presidente Milei, cuyo gobierno viene de un gran golpe de imagen pública gracias al escándalo de corrupción de Manuel Adorni.

La resolución no clausura la investigación ni descarta los delitos objeto del expediente, pero desplaza a los denunciantes de la posibilidad de impulsar medidas de prueba, apelar decisiones o incidir en el rumbo de la causa. Uno de los afectados, Martín Romeo, apeló el fallo y lo calificó de arbitrario ante la Cámara Federal.

Pero lo que es más grave y explícito del caso del nombramiento de Juan es que no era una formalidad pendiente de rutina. Según había trascendido en el entorno del ministerio de Justicia, el decreto figuraba entre los pocos que el Ejecutivo mantenía sin firmar pese a haber oficializado más de setenta pliegos judiciales en los últimos meses.

La explicación oficial apuntaba a que el Juzgado Federal de Hurlingham, creado en 2015, no había sido aún habilitado por la Corte Suprema. Esa demora convivía, sin embargo, con la designación de otros tribunales en simultáneo.

Si bien no existe una relación de causa-efecto formalmente demostrable entre el fallo del 3 de julio y el decreto del 14 de julio porque los circuitos administrativos de una designación judicial y los de una resolución penal no se vinculan de manera directa ni oficial, la secuencia de doce días entre ambos hechos resulta difícil de encuadrar en la narrativa de independencia judicial que el gobierno sostuvo como eje de su discurso desde el inicio de la gestión: mientras el marido resolvía en favor de las posiciones del Ejecutivo en la causa más sensible que enfrenta el presidente, la esposa recibía, días después, el decreto que esperaba desde hacía meses.