13.07.2009 - 02:07 /
Eduardo Luis Duhalde: “En la Argentina los índices delictuales no han aumentado en los últimos cinco años"
Lo dice el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, en relación al rebrote de inseguridad que según él forma parte de “manejos tendientes a crear alarma social”. En la nota que le concedió a Politicargentina, el juez, historiador y periodista habla sobre la dilación de los juicios a ex represores, opina acerca de las candidaturas testimoniales, critica el modo en que se trató el dengue y le responde a quienes afirmaron que los derechos humanos son sólo para las víctimas.
¿Con qué fin se crea la Comisión interpoderes?
Fue creada por la Corte Suprema de la Nación a instancias de los organismos de Derechos Humanos que, preocupados por las demoras muchas veces injustificables en las causas por crímenes de lesa humanidad de los ex represores de la dictadura terrorista, instó a los poderes públicos a crear esta comisión a modo de interrelacionar la actividad del Poder Judicial con la del Ejecutivo, Legislativo y el Ministerio Público Fiscal. Tiene por fin buscar los caminos para acortar los tiempos y así llegar a la finalización de los juicios. Lo que se trata es respetar el debido proceso legal, es decir, todas las garantías constitucionales para luego llegar a una sentencia justa.
¿Qué ocasiona la dilación de los juicios a ex represores?
Es una larga historia. Sin duda la gran demora fue producida por las leyes de impunidad o leyes del perdón, Obediencia Debida y Punto Final, que paralizaron cerca de veinte años los juicios. Pero además, han habido malas prácticas procesales que han llevado a que se parcializaran enormemente las causas. Esto tuvo un gran costo para los testigos, que tuvieron que prestar testimonio varias veces, con la revictimización que esto implica al tener que estar permanentemente recordando su paso por el horror. De este modo, se proliferan muchas causas que podrían haberse concentrado. Además existen dilaciones que provienen en algunos casos de la burocracia, en otros, consecuencia de la actividad de los defensores de los represores que han tratado de todas formas de obstaculizar el proceso de las causas, y a veces también por la propia visión política de los jueces que en ocasiones comparten ciertos principios de la dictadura.
¿Qué balance hace de la gestión kirchnerista en derechos humanos?
Se ha avanzado mucho y me despersonalizo de esto. Lo demuestra el reconocimiento internacional que ha habido sobre el avance de la Argentina en derechos humanos. Hoy los foros internacionales, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocen el liderazgo de nuestro país en esta materia.
En su discurso de asunción en 2003, el ex presidente Kirchner puso entre los pilares de su gestión los principios de memoria, verdad y justicia, y de este modo recuperó a los derechos humanos no sólo como una obligación internacional, sino como fundamento ético del Estado. Con los derechos humanos nos referimos a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Nacional a través de los tratados, pactos y convenciones que hoy tienen rasgo constitucional en la Argentina, a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma constitucional de 1994.
Muchos referentes del espectáculo salieron a decir que los derechos humanos son sólo para las víctimas.
Lo que protegen los derechos humanos son los derechos fundamentales del individuo. Lógicamente donde se hace más palpable su violación es en relación a las víctimas. Los derechos humanos garantizan el acceso a la justicia y la necesidad de procesos judiciales acordes a los principios internacionales y a la legislación vigente. De ninguna manera garantizar la impunidad. Por el contrario, la impunidad ha sido uno de los temas permanentes de la política internacional de derechos humanos tendiente a terminar con ella, porque representa la negación de la justicia y ésta es un derecho humano fundamental. Aquí lo que no se sabe cuando se pide pena de muerte es que está prohibida por las convenciones internacionales de la que Argentina forma parte. Pero además, lo que es peor, es que en este discurso está encubierto el hecho de favorecer las políticas de gatillo fácil.
Zaffaroni dijo que el rebrote de inseguridad en el imaginario colectivo fue ocasionado por una construcción mediática.
Hay determinados medios que cumplen un papel político muy claro. Hoy se ha puesto de moda el término destituyente. Esos medios buscan no sólo formular una crítica, sino socavar los principios democráticos del sistema político argentino. Hay manejos tendientes a crear alarma social, porque las estadísticas relevan -y esto es inocultable- que los índices delictuales en la Argentina no han aumentado en los últimos cinco años. Son los mismos.
Generalmente la persistencia de la noticia da la sensación de un mayor clima de inseguridad. Se fomenta la alarma social en una cuestión que es propia de todas las sociedades modernas. Y es que estamos acostumbrados a ver cartones en la televisión que dicen: ‘asaltan quiosquero en Villa Fiorito’. Esa reiteración de golpe da una sensación de inseguridad mayor de la existente.
Existen otras sociedades desarrolladas donde la inseguridad ha sido notoria: en Paris hace dos años se quemaban cuatro mil choches por noche en las luchas de las comunidades inmigrantes, en Estados Unidos es habitual que algún desequilibrado entre en una escuela, universidad u organismo de inmigrantes y haga una matanza. Niveles de delito que nosotros no tenemos en nuestra sociedad. Eso no quiere decir que no existan situaciones de riesgo o que las políticas preventivas muchas veces no den resultado, pero tiene que ver con los desequilibrios económicos, sociales y la circulación de la droga.
Hay quienes siguen pidiendo “mano dura” para acabar con la delincuencia.
Eso está probado históricamente que no sirve absolutamente para nada. Si fuera tan fácil, con ponerle prisión perpetua a todos los delitos se acabaría con la delincuencia. En mis años de juez aprendí a conocer la psicología del delincuente y puedo decir que nadie que salga a cometer un hecho ilícito piensa que va a perder. La dimensión de la pena no tiene un efecto disuasorio. La mano dura sólo sirve para que los inocentes terminen responsabilizados por hechos que no han cometido.
¿Cuáles son las claves para acabar con la delincuencia?
La prevención del delito, las políticas sociales tendientes a evitar que esos sectores que hoy tienen prácticas delictuales las abandonen y una justicia rápida y justa respecto a quienes los comenten.
Los derechos básicos de los argentinos no están cubiertos.
La lucha por la vigencia de los derechos es inacabable. Siempre va a haber violaciones a esos derechos. Deben existir políticas que eduquen y avancen en esta materia, porque todo estancamiento produce retroceso, eso está históricamente probado. No es una política que tenga una meta alcanzable a corto plazo. Estaría mal que un secretario de Derechos Humanos creyera que ha hecho lo suficiente. Además existen derechos económicos y sociales, y en nuestra sociedad -la cual está plagada de desequilibrios- quedó demostrado en 2008 y 2009 lo difícil que es avanzar en la redistribución del ingreso y hasta qué punto los sectores privilegiados están dispuestos a defender esa desigualdad a su favor, aún a costa de poner en riesgo el propio sistema institucional argentino.
Respecto a la dilación de algunos tiempos del gobierno para resolver problemas sociales como el dengue, ¿qué piensa?
El dengue es un problema que afecta prácticamente a toda América Latina. Todavía es un poco prematuro para hacer un balance sobre esta epidemia que tenemos, porque el dengue en la Argentina no ha sido un problema crucial hasta prácticamente este año. De esta experiencia habrá que aprender y hacer campañas preventivas mucho más profundas que las realizadas
¿Y respecto al adelantamiento de las elecciones y las postulaciones testimoniales?
Es oportuno el adelantamiento de las elecciones. Al entrar el país en una anticipación mediática de las campañas electorales se dispersan esfuerzos y se coloca el eje en lo electoral, en un momento donde el país y el mundo afrontan situaciones mucho más urgentes. No podemos estar un año en campaña electoral. Se hizo bien en adelantarlas. Las campañas electorales por ley son cortas, pero por la propia instalación mediática -si no se hubieran adelantado las elecciones- la campaña se iniciaría tan anticipadamente que prácticamente se paralizaría una parte del propio país.
En cuanto a que existan políticas tendientes a buscar una reafirmación del modelo que hoy está en cuestión y que hace al destino del país por parte del partido gobernante, no hay una prohibición legal. Eso lo reconocen hasta los más críticos. De este modo los funcionarios buscan poner en manos del elector una ratificación o no de los principios fundamentales del modelo. No es ilegal. Y menos puede hablarse de una estafa al electorado, ya que se le está explicando previamente cómo serán las cosas. Esta no es una maniobra en donde los que vayan a participar estén diciendo que van a asumir sus bancas. Eso sí sería una estafa. Una estada ética.
Escrito por Facundo Alé.
¿Con qué fin se crea la Comisión interpoderes?
Fue creada por la Corte Suprema de la Nación a instancias de los organismos de Derechos Humanos que, preocupados por las demoras muchas veces injustificables en las causas por crímenes de lesa humanidad de los ex represores de la dictadura terrorista, instó a los poderes públicos a crear esta comisión a modo de interrelacionar la actividad del Poder Judicial con la del Ejecutivo, Legislativo y el Ministerio Público Fiscal. Tiene por fin buscar los caminos para acortar los tiempos y así llegar a la finalización de los juicios. Lo que se trata es respetar el debido proceso legal, es decir, todas las garantías constitucionales para luego llegar a una sentencia justa.
¿Qué ocasiona la dilación de los juicios a ex represores?
Es una larga historia. Sin duda la gran demora fue producida por las leyes de impunidad o leyes del perdón, Obediencia Debida y Punto Final, que paralizaron cerca de veinte años los juicios. Pero además, han habido malas prácticas procesales que han llevado a que se parcializaran enormemente las causas. Esto tuvo un gran costo para los testigos, que tuvieron que prestar testimonio varias veces, con la revictimización que esto implica al tener que estar permanentemente recordando su paso por el horror. De este modo, se proliferan muchas causas que podrían haberse concentrado. Además existen dilaciones que provienen en algunos casos de la burocracia, en otros, consecuencia de la actividad de los defensores de los represores que han tratado de todas formas de obstaculizar el proceso de las causas, y a veces también por la propia visión política de los jueces que en ocasiones comparten ciertos principios de la dictadura.
¿Qué balance hace de la gestión kirchnerista en derechos humanos?
Se ha avanzado mucho y me despersonalizo de esto. Lo demuestra el reconocimiento internacional que ha habido sobre el avance de la Argentina en derechos humanos. Hoy los foros internacionales, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocen el liderazgo de nuestro país en esta materia.
En su discurso de asunción en 2003, el ex presidente Kirchner puso entre los pilares de su gestión los principios de memoria, verdad y justicia, y de este modo recuperó a los derechos humanos no sólo como una obligación internacional, sino como fundamento ético del Estado. Con los derechos humanos nos referimos a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Nacional a través de los tratados, pactos y convenciones que hoy tienen rasgo constitucional en la Argentina, a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma constitucional de 1994.
Muchos referentes del espectáculo salieron a decir que los derechos humanos son sólo para las víctimas.
Lo que protegen los derechos humanos son los derechos fundamentales del individuo. Lógicamente donde se hace más palpable su violación es en relación a las víctimas. Los derechos humanos garantizan el acceso a la justicia y la necesidad de procesos judiciales acordes a los principios internacionales y a la legislación vigente. De ninguna manera garantizar la impunidad. Por el contrario, la impunidad ha sido uno de los temas permanentes de la política internacional de derechos humanos tendiente a terminar con ella, porque representa la negación de la justicia y ésta es un derecho humano fundamental. Aquí lo que no se sabe cuando se pide pena de muerte es que está prohibida por las convenciones internacionales de la que Argentina forma parte. Pero además, lo que es peor, es que en este discurso está encubierto el hecho de favorecer las políticas de gatillo fácil.
Zaffaroni dijo que el rebrote de inseguridad en el imaginario colectivo fue ocasionado por una construcción mediática.
Hay determinados medios que cumplen un papel político muy claro. Hoy se ha puesto de moda el término destituyente. Esos medios buscan no sólo formular una crítica, sino socavar los principios democráticos del sistema político argentino. Hay manejos tendientes a crear alarma social, porque las estadísticas relevan -y esto es inocultable- que los índices delictuales en la Argentina no han aumentado en los últimos cinco años. Son los mismos.
Generalmente la persistencia de la noticia da la sensación de un mayor clima de inseguridad. Se fomenta la alarma social en una cuestión que es propia de todas las sociedades modernas. Y es que estamos acostumbrados a ver cartones en la televisión que dicen: ‘asaltan quiosquero en Villa Fiorito’. Esa reiteración de golpe da una sensación de inseguridad mayor de la existente.
Existen otras sociedades desarrolladas donde la inseguridad ha sido notoria: en Paris hace dos años se quemaban cuatro mil choches por noche en las luchas de las comunidades inmigrantes, en Estados Unidos es habitual que algún desequilibrado entre en una escuela, universidad u organismo de inmigrantes y haga una matanza. Niveles de delito que nosotros no tenemos en nuestra sociedad. Eso no quiere decir que no existan situaciones de riesgo o que las políticas preventivas muchas veces no den resultado, pero tiene que ver con los desequilibrios económicos, sociales y la circulación de la droga.
Hay quienes siguen pidiendo “mano dura” para acabar con la delincuencia.
Eso está probado históricamente que no sirve absolutamente para nada. Si fuera tan fácil, con ponerle prisión perpetua a todos los delitos se acabaría con la delincuencia. En mis años de juez aprendí a conocer la psicología del delincuente y puedo decir que nadie que salga a cometer un hecho ilícito piensa que va a perder. La dimensión de la pena no tiene un efecto disuasorio. La mano dura sólo sirve para que los inocentes terminen responsabilizados por hechos que no han cometido.
¿Cuáles son las claves para acabar con la delincuencia?
La prevención del delito, las políticas sociales tendientes a evitar que esos sectores que hoy tienen prácticas delictuales las abandonen y una justicia rápida y justa respecto a quienes los comenten.
Los derechos básicos de los argentinos no están cubiertos.
La lucha por la vigencia de los derechos es inacabable. Siempre va a haber violaciones a esos derechos. Deben existir políticas que eduquen y avancen en esta materia, porque todo estancamiento produce retroceso, eso está históricamente probado. No es una política que tenga una meta alcanzable a corto plazo. Estaría mal que un secretario de Derechos Humanos creyera que ha hecho lo suficiente. Además existen derechos económicos y sociales, y en nuestra sociedad -la cual está plagada de desequilibrios- quedó demostrado en 2008 y 2009 lo difícil que es avanzar en la redistribución del ingreso y hasta qué punto los sectores privilegiados están dispuestos a defender esa desigualdad a su favor, aún a costa de poner en riesgo el propio sistema institucional argentino.
Respecto a la dilación de algunos tiempos del gobierno para resolver problemas sociales como el dengue, ¿qué piensa?
El dengue es un problema que afecta prácticamente a toda América Latina. Todavía es un poco prematuro para hacer un balance sobre esta epidemia que tenemos, porque el dengue en la Argentina no ha sido un problema crucial hasta prácticamente este año. De esta experiencia habrá que aprender y hacer campañas preventivas mucho más profundas que las realizadas
¿Y respecto al adelantamiento de las elecciones y las postulaciones testimoniales?
Es oportuno el adelantamiento de las elecciones. Al entrar el país en una anticipación mediática de las campañas electorales se dispersan esfuerzos y se coloca el eje en lo electoral, en un momento donde el país y el mundo afrontan situaciones mucho más urgentes. No podemos estar un año en campaña electoral. Se hizo bien en adelantarlas. Las campañas electorales por ley son cortas, pero por la propia instalación mediática -si no se hubieran adelantado las elecciones- la campaña se iniciaría tan anticipadamente que prácticamente se paralizaría una parte del propio país.
En cuanto a que existan políticas tendientes a buscar una reafirmación del modelo que hoy está en cuestión y que hace al destino del país por parte del partido gobernante, no hay una prohibición legal. Eso lo reconocen hasta los más críticos. De este modo los funcionarios buscan poner en manos del elector una ratificación o no de los principios fundamentales del modelo. No es ilegal. Y menos puede hablarse de una estafa al electorado, ya que se le está explicando previamente cómo serán las cosas. Esta no es una maniobra en donde los que vayan a participar estén diciendo que van a asumir sus bancas. Eso sí sería una estafa. Una estada ética.
Escrito por Facundo Alé.
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