Investigan a Romero por posible enriquecimiento ilícito

Luego de que se diera a conocer la denuncia de la fiscal Mónica Poma, el juez de garantías N° 4, Diego Rodríguez Pipino, dio lugar al pedido y solicitó el desafuero del actual senador nacional, Juan Carlos Romero. La causa fue presentada a mediadios del mes pasado por la fiscal, habiendo sido provisoriamente caratulada como enriquecimiento ilícito.

En el documento con fecha 14 de marzo, Poma aseguró que mediante testaferros Romero "habría obtenido un incremento patrimonial injustificado, posterior a la asunción de su cargo como gobernador provincial. Ese aumento de patrimonio "se presenta como excesivo respecto a los ingresos legítimos que hubiera tenido durante el ejercicio de sus funciones, sea que hubieran provenido de su función o aún de la actividad privada", escribió la fiscal y añadió que "resulta imposible justificarlo razonablemente”.
 
Dentro de la causa, se menciona la adquisición de una vivienda de 2.102 mt2, la compra de dos aeronaves, un avión Lear Jet LV-BOU y un helicóptero LVYRC, la construcción de un hangar en el aeropuerto salteño y la realización de inversiones de capital por más de 17 millones de dólares a una empresa registrada a su nombre, como Estancia El Carmen S.A..
     
En diálogo con Política Argentina, Marcelo Báez, miembro del Poder Judicial de Salta, confirmó que ésta es la novena causa penal que Juan Carlos Romero acumula en su contra. Anteriormente tenía otras ocho acusaciones de delitos, que según Báez son “referidos a su paso por la administración pública”, como el uso indebido de información, negocios inmobiliarios y apropiación de bienes del Estado.
 
Para Báez, el ex gobernador provincial "lleva desde hace años la estrategia de no presentarse a declarar, no sólo en esta causa", sino que afirma que tampoco lo hizo en las ocho anteriores. Además, remarcó que, si bien esas causas corresponden al juzgado provincial, la defensa de Romero busca que sean "tratadas por un juzgado nacional", con el argumento de la falta de neutralidad en la investigación.

En cuanto a la actual candidatura, Báez confirmó que Romero legalmente aún puede presentarse a elecciones. 

La defensa de Romero

Mientras que el traspaso de las causas de un juzgado a otro, aún se encuentra a la espera de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia, en diálogo con Política Argentina, Pedro Guillén, abogado de Juan Carlos Romero, confirmó que recusó y pidió el cese de la intervención de los fiscales Poma y Rodrigo González Miralpeix (quienes integran junto con Federico Jovanovics el equipo de fiscales designados para el trámite de esta investigación penal), por la “ausencia de imparcialidad” en sus participaciones dentro de los órganos del Poder Judicial.
 
Guillén aseguró que luego de que el actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, asumiera a su cargo en 2007 y después de aprobar una reforma del Código Procesal Penal de la provincia, “comenzaron a aparecerle a Romero causas penales armadas por ilícitos cometidos supuestamente hace veinte años”.
 
Para el defensor del candidato esta última causa de desafuero, se trataría de una “nueva intromisión del fuero penal de la provincia en el proceso electoral, cosa que pone en peligro el Estado de Derecho y de la República”. Aseguró que “no tiene dudas de que se fallará a favor de los intereses del gobierno” y que por eso “lo resolverán fuera de Salta, en tribunales federales o internacionales”.
 
Por último, el abogado señaló que “el sueño de Urtubey es que Romero se baje de la candidatura”, pero que no va a suceder porque “es un hombre de la política” y que "ni siquiera todas estas causas conseguirán difuminar su ánimo”. 

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