07.07.2015 / Dio lugar a una petición judicial

La Corte Suprema reconoció el derecho a la muerte digna

El máximo Tribunal de Justicia habilitó que se respete la voluntad de una persona de suspender las medidas que desde hace más de 20 años prologan su vida de forma artificial, debido a que está postrado desde 1995 a causa de un accidente. El fallo se basa en la Ley de Derechos del Paciente.



Finalmente la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho de todo paciente de decidirs sobre su muerte digna. A través de un fallo llamado "D.M.A. s/ declaración de incapacidad", los magistrados establecieron que se respete la voluntad de una persona de suspender las medidas que desde hace más de 20 años prologan la vida de forma artificial, debido a que está postrado desde 1995 a causa de un accidente. 

Con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, los jueces confirmaron la decisión del tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén. Entre los argumentos se alega que el paciente "no habla, no da respuestas gestuales o verbales, no vocaliza ni gesticula ante estímulos verbales y tampoco responde ante estímulos visuales" y carece de conciencia del medio que lo rodea. Sin embargo, antes de tomar una decisión, el organismo judicial ordenó al Cuerpo Médico Forense y al Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro la realización de nuevos estudios médicos que confirmen que el carácter de la situación es irreversible e incurable. 

La sentencia se basa en la Ley de Derechos del Paciente que contempla la situacion de quienes están imposibilitados de manifestar su consentimiento y autoriza a su familiar a expresar la voluntad del paciente con respecto a los tratamientos médicos a recibir. No obstante, el máximo Tribunal aclaró que no se trata de un caso de eutanasia, porque está consiste una acción deliberada para provocar la muerte, sino que en este caso  "constituye una abstención terapéutica que si se encuentra permitida".

Este fallo es posible debido a que el 2012 se dictó la ley de "muerte digna", que permite que aquellos que tengan enfermedades terminales puedan rechazar procedimientos que tengan el objetivo de prolongar su vida artificialmente. La decisión puede ser tomada por el propio enfermo o, en caso de que este imposibilitado, de su familia. 

 

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