04.09.2015 / Ciudad
La legislatura porteña aprobó la transferencia de predios públicos a la Iglesia
Son 17 predios en los que ya funcionan instituciones católicas y que ahora pasarán al Arzobispado de Buenos Aires. Los inmuebles suman tres hectáreas valuadas en treinta millones de dólares.
La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la transferencia de 17 predios públicos al Arzobispado de Buenos Aires. En total, los inmuebles suman tres hectáreas valuadas en treinta millones de dólares. Con 47 votos positivos, cuatro negativos y tres abstenciones, el proyecto del macrismo fue aprobado por el poder legislativo. Sin embargo, por tratarse de una ley que requiere doble lectura, deberá debatirse en una audiencia pública con la ciudadanía para luego regresar al recinto.
El proyecto abarca a inmuebles “en los que actualmente funcionan distintas instituciones de la comunidad Católica Apostólica Romana, donde desarrollan tareas eclesiásticas”, y plantea declararlos “innecesarios” para la gestión del Gobierno porteño. De esta manera se posibilita la transferencia al Arzobispado. Además, propone la entrega de un permiso de uso gratutito por 20 años de otros dos inmuebles: la Parroquia San Lucas situada en el centro de la Plaza Houssay y la Capilla San Luis Rey.
Si bien fue aprobado por amplia mayoría, el proyecto levantó algunas críticas. El legislador del MST, Alejandro Bodart, afirmó que “es un ley medieval en el siglo XXI, un atropello al patrimonio público” y agregó que “esto es regalarle a un culto bienes que son de todos a título gratuito a un culto determinado”.
Por su parte, la legisladora María Rachid señaló la crisis habitacional en la Ciudad y aseguró que las propiedades podrían utilizarse para construir viviendas. En dialogo con el portal InfoNews, la legisladora criticó la medida y aseguró: “En una Ciudad con una crisis habitacional como la que tenemos, con problemas de vacantes en las escuelas y con faltantes de centros de salud, entregar semejante cantidad de tierras es una barbaridad”. Además, señaló que la norma “va en contra del principio de Estado laico”.
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