Luego de la polémica por los contratos entre la productora de Fernando Niembro, se conocieron
nuevas acusaciones contra la Administración de la Ciudad por la pauta a radios comunitarias. Asimismo, otro escándalo sacude al PRO: se gastaron $230 millones de urgencia para diferentes áreas.
Según informa el diario Tiempo Argentino, el Gobierno porteño utiliza como metología los "contratos de urgencia", que preveen pedir al menos tres presupuestos a las empresas que están inscriptas en el registro de proveedores porteños, pero el macrismo usó esta vía para servicios que no requerían inmediatez. A partir de los datos de la Aministración, se analiza que entre octubre del 2014 y enero del 2015, el Ejecutivo utilizó 700 veces los decretos 556/2010 y 752/2010 que permiten evitar las licitaciones públicas.
Tan solo en ese tramo, se registra un gastó de $230 millones en servicios de promotoras, provisión de frutas, fiestas regionales, entre otros. Sin embargo, uno de los eventos más llamativos es
el recital que brindó Violetta, que tuvo un costo de $6 millones. Ese monto fue pagado a las seis empresas encargadas de su organización, pero algunas de ellas tienen los mismos accionistas y hasta el mismo domicilio.
Los datos surgen de un reporte presentado por el legislador de la Ciudad del Frente para la Victoria, Fernando Muñoz, en el que
se evidencia que el Ministerio de Salud, a cargo de Graciela Reybaud, es el que más contrataciones directas hizo con 480 contratos y más de $119 millones.
Sin embargo, este accionar se debe a la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), lo que le permitió al líder del PRO evitar las licitaciones y hacer concursos de precios entre ciertos proveedores y muchas de esas operaciones no fueron publicadas en el Boletín Oficial. Si bien la modalidad de "urgencia" debería usarse de forma excepcional, Muñoz asegura que
"la mayor parte de esos contratos tienen objetivos previsibles o se tratan de servicios repetitivos, lo que demuestra que el macrismo utiliza esta herramienta administrativa para evadir los controles estatales y beneficiar a sus socios empresariales".
Si se analiza en detalle a qué áreas fueron destinados los $230 millones,
la cartera de Salud recibió $119, la de Seguridad otros $41 y el resto fue repartido entre Educación y Cultura. En el caso de
Seguridad, el 70% de lo pagado se destinó a "seguridad privada" para compañías que se contrataron para custoriar el Teatro Colón y las sedes de los ministerios. No obstante, en todas las oportunidades la operación se concretó con las mismas empresas.