25.02.2016 / Posible acuerdo con fondos buitre
La presentación de Prat Gay en 2013: “¿Qué tan justo sería que los holdouts reciban un centavo más que los otros bonistas?”
El ministro de Economía había presentado un amicus curiae a favor de la Argentina, asegurando que la oferta argentina había sido "extremadamente generosa". Polémica por la posibilidad de que se abran nuevos juicios.
“¿Qué tan justo sería que los holdouts consigan un mejor acuerdo, así sea de un centavo más que los que entraron en el acuerdo?”. Esa pregunta se hacía Alfonso Prat Gay en 2013 y no en una simple declaración periodística, sino en una presentación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de los Estados Unidos.
El por entonces diputado por la coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, se presentaba como amicus curiae de la Argentina - el término legal que describe a quienes se presentan para argumentar a favor de una parte en un litigio - en contra de la decisión emitida por el juez Thomas Griesa, que ordenaba pagar a los holdouts por encima de la oferta que recibieron los tenedores del 93% que ingresaron a los dos canjes previos.
La presentación fue aceptada por el juzgado de Griesa. Prat Gay sostuvo en el escrito que “contrariamente al relato oficial que habla de quitas récord a los bonistas, nuestro país fue demasiado generoso con ellos”, argumentando que dicha quita fue luego “resarcida con el Cupón PBI”.
De esa manera, Prat Gay se preguntaba: “¿qué tan justo sería que los holdouts consigan un mejor acuerdo, así sea de un centavo más que los que entraron en el acuerdo? Argentina no hizo un recorte masivo para la oferta cuando estaba en una crisis económica. Más bien, hizo una oferta extremadamente generosa, en una forma tan compleja que ni los tenedores de bonos ni los ciudadanos argentinos podían sospechar cuán generosa iba a ser”.
El argumento central del amicus curiae, que avizora un problema en ofrecerle más a los holdouts que a los bonistas que aceptaron la quita, parece ir en contra de la oferta que el actual ministro de Economía realizar a los fondos buitres. Es que, de lograrse derogar las leyes necesarias para cerrar el acuerdo que promueve el gobierno de Macri, los fondos buitre estarían cobrando alrededor de 3 dólares por cada dólar invertido en los bonos defaulteados, mientras que los bonistas que entraron a los dos canjes terminaron cobrando cerca de 35 centavos de dólar por cada dólar invertido.
La posibilidad de que los bonistas que no ingresaron al canje realicen una demanda contra la Argentina fue uno de los puntos que destacó el jefe de bloque de Diputados del FPV, Héctor Recalde, durante el Congreso del Partido Justicialista. “Quiero recordar que en la apertura de los canjes nos comprometimos como estado a no superar esa oferta. Si superamos esa oferta, ¿recuerdan lo que decían durante la cláusula RUFO? El reclamo posterior podía ser de 500 mil millones de dólares. Eso es enajenar no sólo el futuro de nuestros hijos sino de los hijos de nuestros hijos. No podemos encontrar el riesgo de que encuentren otro Griesa”.
El por entonces diputado por la coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, se presentaba como amicus curiae de la Argentina - el término legal que describe a quienes se presentan para argumentar a favor de una parte en un litigio - en contra de la decisión emitida por el juez Thomas Griesa, que ordenaba pagar a los holdouts por encima de la oferta que recibieron los tenedores del 93% que ingresaron a los dos canjes previos.
La presentación fue aceptada por el juzgado de Griesa. Prat Gay sostuvo en el escrito que “contrariamente al relato oficial que habla de quitas récord a los bonistas, nuestro país fue demasiado generoso con ellos”, argumentando que dicha quita fue luego “resarcida con el Cupón PBI”.
De esa manera, Prat Gay se preguntaba: “¿qué tan justo sería que los holdouts consigan un mejor acuerdo, así sea de un centavo más que los que entraron en el acuerdo? Argentina no hizo un recorte masivo para la oferta cuando estaba en una crisis económica. Más bien, hizo una oferta extremadamente generosa, en una forma tan compleja que ni los tenedores de bonos ni los ciudadanos argentinos podían sospechar cuán generosa iba a ser”.
El argumento central del amicus curiae, que avizora un problema en ofrecerle más a los holdouts que a los bonistas que aceptaron la quita, parece ir en contra de la oferta que el actual ministro de Economía realizar a los fondos buitres. Es que, de lograrse derogar las leyes necesarias para cerrar el acuerdo que promueve el gobierno de Macri, los fondos buitre estarían cobrando alrededor de 3 dólares por cada dólar invertido en los bonos defaulteados, mientras que los bonistas que entraron a los dos canjes terminaron cobrando cerca de 35 centavos de dólar por cada dólar invertido.
La posibilidad de que los bonistas que no ingresaron al canje realicen una demanda contra la Argentina fue uno de los puntos que destacó el jefe de bloque de Diputados del FPV, Héctor Recalde, durante el Congreso del Partido Justicialista. “Quiero recordar que en la apertura de los canjes nos comprometimos como estado a no superar esa oferta. Si superamos esa oferta, ¿recuerdan lo que decían durante la cláusula RUFO? El reclamo posterior podía ser de 500 mil millones de dólares. Eso es enajenar no sólo el futuro de nuestros hijos sino de los hijos de nuestros hijos. No podemos encontrar el riesgo de que encuentren otro Griesa”.
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