04.03.2016 / Opinión
La redistribución paradojal en Argentina
Relaciones laborales, endeudamiento y desocupación en el país.
por Mario Gambacorta
I.- Un escenario nuevo pero confuso
La modificación al impuesto a las ganancias anunciada el día 18 de febrero del corriente por el Poder Ejecutivo Nacional deviene apropiada para adentrarnos en algunas consideraciones en torno a la distribución en la Argentina en esta nueva etapa histórica, inclusive más allá de este impuesto puntual.
En primer término, debemos recordar que toda distribución implica una transferencia de riqueza. Asimismo, el término distribución no estipula ni define políticamente a quiénes se les puede distribuir y desde dónde o cómo se distribuye.
La carga emotiva del lenguaje en cuanto a que la distribución suele asociarse con una supuesta transferencia de recursos de los que más tienen a los que menos tienen, la contundente hegemonía del capital en el marco de la globalización y la prevalencia de soluciones neoliberales ante las crisis, suelen dar lugar a confusiones o al menos distracciones que las sociedades no atienden debidamente en su momento y luego las llevan a pagar dolorosas consecuencias.
Las últimas medidas llevadas adelante por la actual administración del Estado nacional nos impulsan a intentar contribuir a dilucidar, o al menos aportar al debate, en torno a la distribución como proceso igualador o acrecentador de desigualdades.
II.- Transformaciones y distribución
En la campaña electoral presidencial del año 2015, la fuerza política conocida como Cambiemos anunció diversas medidas que adoptaría si llegaba al gobierno de la Nación, varias de las cuales ha cumplimentado cabalmente.
En tal sentido, la salida del genéricamente conocido como “cepo cambiario” dio lugar a una serie de devaluaciones.
Se produjo una primigenia devaluación que se efectivizó inclusive antes de la asunción del actual gobierno, pero también otras explícitamente generadas luego del 10 de diciembre. Es más, la suba de la divisa estadounidense en torno a dieciseis pesos al momento de cierre de este artículo así lo ratifica.
Sin pretender entrar en análisis económicos de mayor profundidad, señalaremos que las devaluaciones no son todas iguales aunque así se esgrima con apoyos meramente economicistas.
Las devaluaciones pueden ser o no complementadas con otras medidas. Ello, en función de los impactos o contención de los mismos, que se pretenda en relación no solo al conjunto de la sociedad sino a los diversos actores (vale recordar: con intereses no siempre convergentes) que conviven y confrontan en su seno.
Llegados aquí, advertimos otra confusión o tergiversación terminológica, también por la carga y manipulación emotiva del lenguaje: confrontar, es decir la existencia de conflictos frente a alguna postura o interés, no implica la inexistencia de la posibilidad de diálogo, y particularmente de diálogo social para resolver precisamente esos conflictos.
III.- Distribución y paradojas
Desde la postura política que da prevalencia a la economía de mercado, como ocurre en el actual gobierno nacional, se cuestiona genéricamente el rol y la eficiencia del Estado.
Paradojalmente, la propia economía de mercado también “distribuye” o “cede” competencias desde el sector público al privado porque considera que la asignación de recursos que aquel (léase Estado) genera es ineficiente según sus propios estándares de rentabilidad, productividad, competitividad, y demás terminología para detener la distribución ante los reclamos sociales y laborales.
En dicho enfoque, prácticamente se descarta que el mercado también suele ser ineficiente en la asignación de recursos, con el agravante que, a diferencia del Estado, no atiende consideraciones políticas y sociales que no le sean redituables.
Aquí encontramos otra interesante paradoja: no se quiere que el Estado intervenga pero se lo hace intervenir, aunque para desregular. Pero eso no es todo: se interviene y desregula valiéndose de la financiación estatal.
Trataré de ser más específico; y para ello vuelvo a la reducción de ganancias: la administración del Estado, ante una inflación alarmante y sin la decisión de compensar las transferencias de recursos que se vienen dando desde los sectores trabajadores a los empresariales, decide una relevante medida: la reducción del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Medida señalada en la campaña electoral por la alianza ahora gobernante pero demorada ante otras medidas de distribución que la precedieron como la quita de retenciones al agro, la minería y demás desregulaciones. Todavía no debidamente catalogadas en su inspiradora matríz ideológica que sintetiza el liberalismo decimonónico con el de la década de 1990 en Argentina.
Es así que la verdadera transferencia de recursos no se da entre los actores sociales que generan y luego distribuyen su participación en la riqueza mediante paritarias u otros acuerdos colectivos, sino prioritariamente, por una decisión estatal de resignación en la percepción de recursos.
La distribución se encamina no solo por la vía devaluatoria sino también por los recursos que deja de percibir o cede el Estado en favor de alguien: primero sectores empresariales como el agro, la minería el petróleo y servicios financieros; y ahora, un reducido sector de la clase trabajadora, el cual cada vez corre más el riesgo de transformarse en una suerte de aristocracia obrera.
IV.- Más paradojas
En línea con ello, es que se perfila la reducción de ganancias a acotados sectores trabajadores -conforme el Director General de la AFIP se trataría de 180.000 alcanzados por este beneficio-. Pero otra vez la paradoja: se incorpora simultáneamente al pago del impuesto a las ganancias a cientos de miles de trabajadores y hasta a jubilados.
Por otra parte, nos preguntamos porque estas medidas en su conjunto deberían dar los supuestos resultados de crecimiento, mejor desarrollo y hasta más puestos de trabajo que se declaman desde la administración del Estado.
El crecimiento que se obtuviere, si se obtuviere, no garantiza palmariamente distribución alguna para los sectores trabajadores, ya que no hay obligaciones de inversión o reinversión (ni formal ni informal) y las obligaciones morales sabemos son de dudoso cumplimiento.
Más allá de que los equilibrios macroeconómicos muchas veces declamados por sectores neoliberales y neoconservadores, tampoco ellos se levantan ante nuestra vista, y esto se corrobora en especial por la resignación de recursos públicos en favor de privados que señalamos viene haciendo el Estado nacional.
Hasta los paradigmas ortodoxos ceden ante la distribución paradojal de hoy en Argentina.
De igual modo, los despidos en el sector público no son (amén de otras posibles manifestaciones) más que una mera cosmética deficitaria y un catártico condimento para canalizar determinados malestares, más o menos justificables pero no un tema estructural.
Recordemos que el déficit fiscal no solo se entronca con lo que se gasta sino también como se gasta.
Y ahora se está “gastando” (o sea transfiriendo riqueza que podría percibir el Estado de sectores que no garantizan ni la inversión, ni la reinversión (recordemos la “siempre” justificada fuga de capitales al exterior), ni se constata una crisis de dimensiones económicas que justifique estos neosubsidios estatales.
Es la también paradoja del desfinanciamiento dirigido pese a la declamación de adecuar o sincerar los números. El sinceramiento parecería acercarse cada vez más a un sinónimo de transferencia a los sectores a los que se quiere transferir: Es por ello que damos en llamar a esto una redistribución paradojal.
Aquí, cabe agregar que el simultáneamente anunciado incremento de las asignaciones familiares, presenta un similar proceso de transferencia desde el Estado: los sectores empresariales verán descomprimidas sus potenciales obligaciones en las negociaciones colectivas gracias a esa suerte de “adelantos compensatorios” del Estado, así como por el hecho que algunos trabajadores mejorarán su poder adquisitivo a partir de lo que el Estado no percibirá por ganancias.
Lo anterior, amén las previsiones no formuladas al resolverse la reducción de ganancias y los efectos de su aplicación, ya que se genera un argumento tendiente a reducir pretensiones en las paritarias por venir.
V.- ¿Cómo se pretende financiar?
En igual sentido a lo precedentemente expuesto, sirve de referencia el conflicto petrolero de Chubut. Son los trabajadores y el Estado nacional y provincial quienes han llevado adelante los mayores esfuerzos ante el problema actual. Las empresas lo han hecho en menor proporción. Surge esto, tal como se ha hecho público, de los porcentajes de distribución de las colaboraciones a la sustentabilidad del negocio.
Una vez más cabe reflexionar si las situaciones deben resolverse sólo conforme lo ocurrido en el momento en que el conflicto se hace abierto o si deberían entrar en juego otros elementos como, por ejemplo, la rentabilidad anterior que hubieren podido obtener las empresas, en particular los grandes consorcios multinacionales.
Las compensaciones parecerían ser prevalentes en un sentido: con el mayor esfuerzo de los trabajadores y los recursos del Estado.
Por otra parte, vemos que cuesta adoptar medidas en favor de una distribución hacia la base de la estructura social. Los sectores de menores ingresos y más vulnerables no han recibido beneficios sustanciales.
Todo esto podría interpretarse como un accionar del Estado que atiende los problemas colectivos con un financiamiento preferencial hacia un determinado sector, el empresarial, postergando mejoras y/o distribución para los sectores trabajadores, en especial los de menores ingresos.
Surge otra paradoja ante el escenario generado por el “financiamiento-desfinanciador” de la administración nacional: el Estado financia, los trabajadores no reciben o deberían acotar sus aumentos salariales, ¿y las empresas?
Esto no es otra cosa que la otrora flexiseguridad en su peor expresión. No olvidemos que el modelo original, amén de tergiversaciones o disfraces, fue Dinamarca; país éste con una alta y progresiva presión tributaria, con lo cual el financiamiento estatal también provenía de recursos privados relevantes, no del IVA como casi podríamos simplificar ahora en nuestro país.
VI.- Concluyendo
Por ello, ¿cómo se distribuye en Argentina? es una pregunta que merece una respuesta política, ya que a una decisión económica o social la preceden valoraciones de tal carácter; no simples y emotivas declamaciones discursivas.
Lo político no es otra cosa que otorgar prioridad a ciertos intereses por sobre otros, con y más allá de las posibilidades de armonización.
Para finalizar, nos atrevemos a anticipar que una solución a este escenario -la cual devendrá inexorablemente coyuntural por cierto- es el endeudamiento previsto.
Hacia allí vamos y pese a eso recordamos: endeudarse no siempre es malo; pero si el destino del financiamiento, léase el endeudamiento, va a sostener sólo o prioritariamente transferencias de recursos en favor de sectores empresariales concentrados; tal vez la pregunta que forma parte del título de este artículo empiece a responderse, y no sólo eso, sino el modelo de país al que marchamos y/o pretenden llevarnos.
Sirvan de ejemplo y advertencia los trascendidos en los dichos de una alta funcionaria en cuanto habría indicado que vamos hacia un modelo agroexportador y de servicios, y entonces concluía: basta de industrias.
El problema es que eso también significaría -y recuerdo que a la fecha de este artículo la desocupación todavía es de un dígito-: basta de tantos puestos de trabajo.
La modificación al impuesto a las ganancias anunciada el día 18 de febrero del corriente por el Poder Ejecutivo Nacional deviene apropiada para adentrarnos en algunas consideraciones en torno a la distribución en la Argentina en esta nueva etapa histórica, inclusive más allá de este impuesto puntual.
En primer término, debemos recordar que toda distribución implica una transferencia de riqueza. Asimismo, el término distribución no estipula ni define políticamente a quiénes se les puede distribuir y desde dónde o cómo se distribuye.
La carga emotiva del lenguaje en cuanto a que la distribución suele asociarse con una supuesta transferencia de recursos de los que más tienen a los que menos tienen, la contundente hegemonía del capital en el marco de la globalización y la prevalencia de soluciones neoliberales ante las crisis, suelen dar lugar a confusiones o al menos distracciones que las sociedades no atienden debidamente en su momento y luego las llevan a pagar dolorosas consecuencias.
Las últimas medidas llevadas adelante por la actual administración del Estado nacional nos impulsan a intentar contribuir a dilucidar, o al menos aportar al debate, en torno a la distribución como proceso igualador o acrecentador de desigualdades.
II.- Transformaciones y distribución
En la campaña electoral presidencial del año 2015, la fuerza política conocida como Cambiemos anunció diversas medidas que adoptaría si llegaba al gobierno de la Nación, varias de las cuales ha cumplimentado cabalmente.
En tal sentido, la salida del genéricamente conocido como “cepo cambiario” dio lugar a una serie de devaluaciones.
Se produjo una primigenia devaluación que se efectivizó inclusive antes de la asunción del actual gobierno, pero también otras explícitamente generadas luego del 10 de diciembre. Es más, la suba de la divisa estadounidense en torno a dieciseis pesos al momento de cierre de este artículo así lo ratifica.
Sin pretender entrar en análisis económicos de mayor profundidad, señalaremos que las devaluaciones no son todas iguales aunque así se esgrima con apoyos meramente economicistas.
Las devaluaciones pueden ser o no complementadas con otras medidas. Ello, en función de los impactos o contención de los mismos, que se pretenda en relación no solo al conjunto de la sociedad sino a los diversos actores (vale recordar: con intereses no siempre convergentes) que conviven y confrontan en su seno.
Llegados aquí, advertimos otra confusión o tergiversación terminológica, también por la carga y manipulación emotiva del lenguaje: confrontar, es decir la existencia de conflictos frente a alguna postura o interés, no implica la inexistencia de la posibilidad de diálogo, y particularmente de diálogo social para resolver precisamente esos conflictos.
III.- Distribución y paradojas
Desde la postura política que da prevalencia a la economía de mercado, como ocurre en el actual gobierno nacional, se cuestiona genéricamente el rol y la eficiencia del Estado.
Paradojalmente, la propia economía de mercado también “distribuye” o “cede” competencias desde el sector público al privado porque considera que la asignación de recursos que aquel (léase Estado) genera es ineficiente según sus propios estándares de rentabilidad, productividad, competitividad, y demás terminología para detener la distribución ante los reclamos sociales y laborales.
En dicho enfoque, prácticamente se descarta que el mercado también suele ser ineficiente en la asignación de recursos, con el agravante que, a diferencia del Estado, no atiende consideraciones políticas y sociales que no le sean redituables.
Aquí encontramos otra interesante paradoja: no se quiere que el Estado intervenga pero se lo hace intervenir, aunque para desregular. Pero eso no es todo: se interviene y desregula valiéndose de la financiación estatal.
Trataré de ser más específico; y para ello vuelvo a la reducción de ganancias: la administración del Estado, ante una inflación alarmante y sin la decisión de compensar las transferencias de recursos que se vienen dando desde los sectores trabajadores a los empresariales, decide una relevante medida: la reducción del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Medida señalada en la campaña electoral por la alianza ahora gobernante pero demorada ante otras medidas de distribución que la precedieron como la quita de retenciones al agro, la minería y demás desregulaciones. Todavía no debidamente catalogadas en su inspiradora matríz ideológica que sintetiza el liberalismo decimonónico con el de la década de 1990 en Argentina.
Es así que la verdadera transferencia de recursos no se da entre los actores sociales que generan y luego distribuyen su participación en la riqueza mediante paritarias u otros acuerdos colectivos, sino prioritariamente, por una decisión estatal de resignación en la percepción de recursos.
La distribución se encamina no solo por la vía devaluatoria sino también por los recursos que deja de percibir o cede el Estado en favor de alguien: primero sectores empresariales como el agro, la minería el petróleo y servicios financieros; y ahora, un reducido sector de la clase trabajadora, el cual cada vez corre más el riesgo de transformarse en una suerte de aristocracia obrera.
IV.- Más paradojas
En línea con ello, es que se perfila la reducción de ganancias a acotados sectores trabajadores -conforme el Director General de la AFIP se trataría de 180.000 alcanzados por este beneficio-. Pero otra vez la paradoja: se incorpora simultáneamente al pago del impuesto a las ganancias a cientos de miles de trabajadores y hasta a jubilados.
Por otra parte, nos preguntamos porque estas medidas en su conjunto deberían dar los supuestos resultados de crecimiento, mejor desarrollo y hasta más puestos de trabajo que se declaman desde la administración del Estado.
El crecimiento que se obtuviere, si se obtuviere, no garantiza palmariamente distribución alguna para los sectores trabajadores, ya que no hay obligaciones de inversión o reinversión (ni formal ni informal) y las obligaciones morales sabemos son de dudoso cumplimiento.
Más allá de que los equilibrios macroeconómicos muchas veces declamados por sectores neoliberales y neoconservadores, tampoco ellos se levantan ante nuestra vista, y esto se corrobora en especial por la resignación de recursos públicos en favor de privados que señalamos viene haciendo el Estado nacional.
Hasta los paradigmas ortodoxos ceden ante la distribución paradojal de hoy en Argentina.
De igual modo, los despidos en el sector público no son (amén de otras posibles manifestaciones) más que una mera cosmética deficitaria y un catártico condimento para canalizar determinados malestares, más o menos justificables pero no un tema estructural.
Recordemos que el déficit fiscal no solo se entronca con lo que se gasta sino también como se gasta.
Y ahora se está “gastando” (o sea transfiriendo riqueza que podría percibir el Estado de sectores que no garantizan ni la inversión, ni la reinversión (recordemos la “siempre” justificada fuga de capitales al exterior), ni se constata una crisis de dimensiones económicas que justifique estos neosubsidios estatales.
Es la también paradoja del desfinanciamiento dirigido pese a la declamación de adecuar o sincerar los números. El sinceramiento parecería acercarse cada vez más a un sinónimo de transferencia a los sectores a los que se quiere transferir: Es por ello que damos en llamar a esto una redistribución paradojal.
Aquí, cabe agregar que el simultáneamente anunciado incremento de las asignaciones familiares, presenta un similar proceso de transferencia desde el Estado: los sectores empresariales verán descomprimidas sus potenciales obligaciones en las negociaciones colectivas gracias a esa suerte de “adelantos compensatorios” del Estado, así como por el hecho que algunos trabajadores mejorarán su poder adquisitivo a partir de lo que el Estado no percibirá por ganancias.
Lo anterior, amén las previsiones no formuladas al resolverse la reducción de ganancias y los efectos de su aplicación, ya que se genera un argumento tendiente a reducir pretensiones en las paritarias por venir.
V.- ¿Cómo se pretende financiar?
En igual sentido a lo precedentemente expuesto, sirve de referencia el conflicto petrolero de Chubut. Son los trabajadores y el Estado nacional y provincial quienes han llevado adelante los mayores esfuerzos ante el problema actual. Las empresas lo han hecho en menor proporción. Surge esto, tal como se ha hecho público, de los porcentajes de distribución de las colaboraciones a la sustentabilidad del negocio.
Una vez más cabe reflexionar si las situaciones deben resolverse sólo conforme lo ocurrido en el momento en que el conflicto se hace abierto o si deberían entrar en juego otros elementos como, por ejemplo, la rentabilidad anterior que hubieren podido obtener las empresas, en particular los grandes consorcios multinacionales.
Las compensaciones parecerían ser prevalentes en un sentido: con el mayor esfuerzo de los trabajadores y los recursos del Estado.
Por otra parte, vemos que cuesta adoptar medidas en favor de una distribución hacia la base de la estructura social. Los sectores de menores ingresos y más vulnerables no han recibido beneficios sustanciales.
Todo esto podría interpretarse como un accionar del Estado que atiende los problemas colectivos con un financiamiento preferencial hacia un determinado sector, el empresarial, postergando mejoras y/o distribución para los sectores trabajadores, en especial los de menores ingresos.
Surge otra paradoja ante el escenario generado por el “financiamiento-desfinanciador” de la administración nacional: el Estado financia, los trabajadores no reciben o deberían acotar sus aumentos salariales, ¿y las empresas?
Esto no es otra cosa que la otrora flexiseguridad en su peor expresión. No olvidemos que el modelo original, amén de tergiversaciones o disfraces, fue Dinamarca; país éste con una alta y progresiva presión tributaria, con lo cual el financiamiento estatal también provenía de recursos privados relevantes, no del IVA como casi podríamos simplificar ahora en nuestro país.
VI.- Concluyendo
Por ello, ¿cómo se distribuye en Argentina? es una pregunta que merece una respuesta política, ya que a una decisión económica o social la preceden valoraciones de tal carácter; no simples y emotivas declamaciones discursivas.
Lo político no es otra cosa que otorgar prioridad a ciertos intereses por sobre otros, con y más allá de las posibilidades de armonización.
Para finalizar, nos atrevemos a anticipar que una solución a este escenario -la cual devendrá inexorablemente coyuntural por cierto- es el endeudamiento previsto.
Hacia allí vamos y pese a eso recordamos: endeudarse no siempre es malo; pero si el destino del financiamiento, léase el endeudamiento, va a sostener sólo o prioritariamente transferencias de recursos en favor de sectores empresariales concentrados; tal vez la pregunta que forma parte del título de este artículo empiece a responderse, y no sólo eso, sino el modelo de país al que marchamos y/o pretenden llevarnos.
Sirvan de ejemplo y advertencia los trascendidos en los dichos de una alta funcionaria en cuanto habría indicado que vamos hacia un modelo agroexportador y de servicios, y entonces concluía: basta de industrias.
El problema es que eso también significaría -y recuerdo que a la fecha de este artículo la desocupación todavía es de un dígito-: basta de tantos puestos de trabajo.
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