Carrió cargó contra Pichetto y defendió el acuerdo con los Buitres

La diputada nacional Elisa Carrió defendió el acuerdo con los Fondos Buitres en un comunicado que firma su equipo de economistas. El texto se titula "El senador Miguel Pichetto no leyó bien el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York", y apunta contra el jefe de bloque del Senado del Frente Para la Victoria, por su pedido de postergar la sesión para tratar la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.

Para Carrió hay que realizar el acuerdo con los holdouts porque "el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York no altera en nada las condiciones de la negociación". En el comunicado disparó con dureza contra Pichetto y quiénes amenazan con no dar quórum: "Nos parece que los resquemores del senador Pichetto, luego propagados al Bloque Justicialista, el FR y otros peronistas disidentes, sólo buscan eludir la confrontación con los kirchneristas más acérrimos del FPV, siendo meras excusas para no comprometerse con la política del Ejecutivo, que está dirigida en este caso a superar el conflicto con los “holdouts”, y así abrir el camino a la normalización de las relaciones de nuestro país con las principales plazas financieras del mundo".

El comunicado completo

Mediante un comunicado el sábado 12/3/16, el senador Miguel Pichetto sostuvo que la decisión de la Cámara (Nacional) de Apelaciones del 2º Circuito del Estado de Nueva York del día 11 (que extiende la suspensión del levantamiento de las medidas cautelares contra Argentina) es “muy preocupante”; y que “no existen reglas claras por parte de la judicatura americana. Así, la Corte de Apelaciones suspende la decisión de Griesa (del 2/3/16) de levantar la cautelar hasta tanto no escuchar la posición de otros bonistas que no aceptan los acuerdos” (sic), estableciendo así que ahora “ejerce la jurisdicción del expediente”.
Agregó que “esta decisión obliga a un análisis más profundo del contenido de la sentencia, porque incorpora un hecho no previsto por el Gobierno. Deja latente el riesgo para la Argentina de seguir atrapada, aun pagando a los bonistas que acordaron, por la posibilidad de que se vuelva a colocar una nueva cautelar que le impida pagar” los bonos reestructurados; finalizando con que “es necesario que el Gobierno clarifique quiénes son los bonistas que apelaron ante la Corte de Apelaciones de Nueva York…”, previo “al tratamiento de las leyes que remitió el Presidente”.

Lo que no nos parece “claro” es si el senador ha leído bien los últimos pasos del expediente, ya que la escueta orden (dos líneas) del viernes de la susodicha Cámara otorga la moción de no innovar acerca de las medidas cautelares[1] hasta que resuelva, en un todo de acuerdo a un pronunciamiento anterior del 24 de febrero[2], donde se estableció que:

Antes de que el fallo indicativo de 1ª instancia del 19/2/16 sea formalmente incorporado como orden, la Argentina ingresará una moción en la corte de distrito buscando la cancelación de la medida cautelar en su contra, dando aviso de esta moción a todas las partes, y proveyéndoles de una oportunidad de ser escuchados en dicha corte de distrito;
Argentina admita la suspensión, por hasta dos semanas, de cualquier orden de la corte de distrito que formalice el fallo indicativo, tal que las partes opuestas a dicha orden, puedan registrar un aviso de apelación dentro de los dos días hábiles, y buscar una suspensión adicional de la orden, proveniente de un panel (subconjunto de jueces) de mociones de apelación pendiente en esta corte. Tales apelaciones cualesquiera, serán consolidadas para revisarse por esta corte, y cualquier parte es por esta orden excusada de los requerimientos adicionales de la Regla Federal de Procedimiento de Apelación #8 (Fed. R. App. P. 8)

Como la Argentina declinó sin perjuicio apelaciones efectuadas[3] en 2015 (referidas a qué títulos estaban interdictos de pago por las cautelares, y la extensión de éstas a los llamados litigantes “me too”, previo al cambio de gobierno), porque ante su voluntad actual de arreglar las sentencias, aquéllas devendrían abstractas; la Cámara entonces declaró al final que a todas otras mociones pendientes (sobre ambas cuestiones), se les denegaba discusión (“All other pending motions on both dockets are hereby DENIED as moot”).

El juzgado de 1ª instancia procedió a escuchar a las partes el 1º de marzo, admitiendo la moción de la Argentina al día siguiente[4], tal como indicamos más arriba.

El día 8/3/16 la Cámara se pronunció en favor de una moción de la Argentina por la consolidación de las apelaciones a la orden de anulación de las medidas cautelares (condicionada a la abrogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano) dispuesta por el juez Griesa; y pronta expedición de los escritos y consideración de las apelaciones[5], con el calendario siguiente: ingreso de escritos principales de los apelantes hasta el 14/3/16; escrito de oposición del apelado (Argentina) hasta el 21/3/16; escritos de respuesta de los apelantes hasta el 25/3/16. La Cámara estableció que la fecha de discusión de estas apelaciones será determinada con posterioridad. Miembros del P.E. han dejado trascender al 4 de abril como punto tentativo de resolución.

Como la suspensión automática de la anulación de las medidas cautelares en contra de Argentina, instruida por la Cámara y efectivizada por el juzgado de 1ª instancia, era de dos semanas a partir del 2/3/16, es decir vencía el 16/3/16, los abogados de Weil, Gotshal & Manges LLP, en representación de algunos de los posibles apelantes (ARAG-A Limited, ARAG-O Limited, ARAG-T Limited, ARAG-V Limited, Attestor Master Value Fund LP, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, MCHA Holdings LLC, Trinity Investments Limited, and White Hawthorne LLC), ingresaron el 10/3/16 una moción de emergencia para extender la suspensión arriba mencionada, hasta la decisión de la Cámara; a lo que Argentina no se opuso, en vista que desde febrero ambas instancias judiciales han decidido en evidente consonancia con el deseo de Argentina de terminar la controversia de la manera más expedita posible desde el punto de vista procesal. Iguales actitudes han tenido ahora los principales fondos buitre, aceptando sin oponerse la apelación de esta firma de abogados[1].

A esta última presentación atiende la orden de la Cámara que tanto afecta al senador Pichetto, al presidente del Bloque Justicialista Oscar Romero (“Es un hecho nuevo que altera absolutamente todo. Estamos de acuerdo en que hay que resolver este problema, pero hay que actuar con mucha responsabilidad”), al frente UNA (“pone en suspenso todo lo actuado por Griesa”), habiendo pedido Massa informes sobre las consecuencias de la resolución a tres técnicos de sus equipos: Marco Lavagna, Guillermo Nielsen y Leonardo Madcur. Con esa información decidirá si se suma al pedido de suspensión.[2]

Para nosotros esto no altera nada, ni pone en suspenso todo lo actuado por Griesa, ni es preocupante; sino más bien todo lo contrario. El procedimiento reciente demuestra que tanto el juzgado federal de 1ª instancia, que da bienvenida explícita a la voluntad del gobierno actual de la República de acordar el cumplimiento de sus sentencias[3], respecto de la mala actitud del anterior; como la Cámara de Apelaciones que busca el pronto despacho procesal de las materias que le competen como revisora; han revertido sus opiniones previas acerca de que la Argentina es un “deudor recalcitrante”, y están prestos a hacer caer las cautelares.

Por lo tanto, nos parece que los resquemores del senador Pichetto, luego propagados al Bloque Justicialista, el FR y otros peronistas disidentes, sólo buscan eludir la confrontación con los kirchneristas más acérrimos del FPV, siendo meras excusas para no comprometerse con la política del Ejecutivo, que está dirigida en este caso a superar el conflicto con los “holdouts”, y así abrir el camino a la normalización de las relaciones de nuestro país con las principales plazas financieras del mundo.

Equipo Económico de Elisa Carrió