30.05.2016 / Avanza la causa

Time Warp: el fiscal pidió procesar a 5 funcionarios porteños y a 2 prefectos

El fiscal Federico Delgado pidió el procesamiento de cinco funcionarios porteños del área de control "por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos". También pidió lo mismo para dos prefectos.




Sigue avanzando la causa Time Warp: ahora, el fiscal federal Federico Delgado pidió el procesamiento de cinco funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aire por incumplir sus funciones y de dos prefectos, tras la fiesta electrónica "Time Warp", en la que fallecieron cinco jóvenes.

Los prefectos procesados son Alberto Gabriel Pandiani, quien estaba a cargo del operativo, y la detención de Néstor David Alarcón Torres, integrante del Departamento Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura Naval. Prefectura fue contratada por los organizadores para hacer tareas adicionales de seguridad en la fiesta y el fiscal los acusa de haber contribuido con su accionar a facilitar la venta de droga.

Los cinco funcionarios porteños son Claudio Alberto Iacobaccio, Fernán García Vázquez, Néstor Ricardo Cella, Gustavo Alberto Herms y Pablo Germán Fontanellas, por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, que tiene una pena de un mes a dos años de prisión. Al único que le solicitó la prisión preventiva fue a Alarcón Torres ("Alarcón Torres, que tenía a su cargo las tareas de prevención de venta de drogas el 15 de abril de 2016 [día de fiesta] en Costa Salguero no hizo absolutamente nada", expresó Delgado).

El dictamen completo:




En la causa ya están procesados Stinfale; Adrián Conci y Maximiliano Ávila, ambos de Dell Producciones, la empresa que organizó la fiesta; Carlos Garat, responsable del plan de evacuación del lugar; Nicodema Penise; y Martín Gontad, asesor artístico del evento por los delitos de comercialización de estupefacientes agravado, abandono de personas seguido de muerte y abandono de personas, seguido de grave daño a la salud, y les trabó un embargo de 50 millones de pesos sobre sus bienes. 

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