27.09.2016 / Polémica
El gobernador de Mendoza quiere limitar el contacto de los fiscales con la prensa
Alfredo Cornejo insiste en pelear contra la inseguridad pero también en desterrar "la sensación" de los ciudadanos, por esto quiere limitar con sanciones a aquellos fiscales que le brinden información a los medios de comunicación y que estos sólo interactuen con alguna "oficina habilitada". Fuerte rechazo del FOPEA y de la oposición.
El gobernador de Mendoza por Cambiemos, Alfredo Cornejo lleva adelante un polémico proyecto que busca limitar el contacto de los periodistas con los fiscales. De esta forma intenta bajar los niveles de inseguridad como así también "la sensación", intentando que haya un menor nivel de noticias de este tipo en los medios de comunicación.
Cornejo dispuso a Alejandro Gullé como jefe de fiscales, para investigar las investigaciones judiciales con un hombre de su extrema confianza. Ahora busca avanzar en la reforma de la ley 8008 del Ministerio Público Fiscal. La reforma por ahora quedó parada en la legislatura provincial ante la polémica que representa el artículo 7.
El nuevo apartado establece la prohibición a los fiscales de hablar con los medios de prensa y dispone que la información "será proporcionada por oficinas habilitadas al efecto por la Procuración General". Además, estipula sanciones para los funcionarios judiciales que incumplan la restricción, entre las que figura la acusación de mal desempeño de sus funciones. Por esto, el Frente Para la Victoria no dio quorum en diputados aunque Cambiemos puede aprobarlo en soledad. De todos modos se espera una fuerte disputa en la próxima sesión en la cámara baja.
Desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) mostraron su preocupación por la posible aprobación del proyecto, al que calificaron como "cepo judicial", por lo que emitieron un comunicado: "Periodistas y fiscales son profesionales, cada uno en su ámbito de competencia, conscientes de la sensibilidad de los asuntos que conciernen a la seguridad y los casos que son motivo de investigación penal. Existe ya un marco jurídico que regula estos asuntos y pretender acotar aún más la cuestión implica transgredir el espíritu y la letra de la Constitución y el derecho a la información".
Además desde el Sindicato de Prensa de Mendoza rechazaron la polémica iniciativa, que calificaron como "ley mordaza". Al efecto, el sindicato sostuvo: "Rechazamos limitar la información oficial, pasible de recortes y manipulaciones funcionales a las necesidades oficiales, más aún en la actualidad, cuando de cuestiones de seguridad se trata", indicaron.
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