10.02.2017 / CORRUPCIÓN
Piden la indagatoria de un intendente de Cambiemos por malversación de fondos públicos
Se trata del histórico intendente de San Miguel, Gustavo Posse. El fiscal Di Lello lo citó a declaración indagatoria en la causa que investiga la defraudación de fondos públicos en el marco del Plan Federal de Viviendas.
El fiscal federal Jorge Di Lello llamó a declaración indagatoria al histórico dirigente radical de San Isidro Gustavo Posse. El jefe comunal es denunciado por defraudación en la construcción de viviendas sociales con fondos nacionales para un barrio carenciado en ese partido del norte del conurbano bonaerense.
Posse, quien es radical pero apoya al PRO y forma parte de Cambiemos, está imputado por el juez federal Sebastián Ramos por supuesta defraudación contra la administración pública por la falta de construcción de viviendas en el barrio "Martín y Omar" en el bajo de San Isidro. Según la denuncia, debían edificarse 250 casas en el marco del Plan Federal de Viviendas pero sólo se hicieron 44, pese a lo cual los certificados de obra dieron cuenta de que el 99,44 por ciento de las viviendas habían sido terminadas.
Di Lello visitó en persona el barrio e inspeccionó las casas, antes de emitir el dictamen donde reclama las indagatorias en base a un perjuicio al Estado Nacional calculado en 31 millones de pesos, fondos que fueron girados a la Municipalidad de Vicente López por parte del Gobierno nacional.
Según el fiscal, Posse "estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las rendiciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance de las obras".
Además pidió indagar a funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y a los responsables de las tres empresas contratadas para las obras y su certificación, "Soluciones Urbanas SRL", "Emaco SA" e "Inelco". También pidió indagar a quien era por entonces supervisora de Obras del Instituto de la Vivienda bonaerense, María de los Angeles Polantinos.
En el dictamen incluyó para ser citado al secretario de Obras Públicas de San Isidro, Bernardo Landívar, al subsecretario Federico García y a otros funcionarios. Di Lello aludió a un informe de la Procuraduría contra el lavado de activos (Procelac) que "desnudó una compleja trama de vinculaciones" entre los imputados "que robustece" las sospechas del delito.
Según informes incorporados en la causa, las 44 viviendas construidas representaron el 17,6 por ciento del total, por lo que el perjuicio al Estado Nacional rondaría los 31 millones de pesos. "El valor total de la obra era de 37.682.054 pesos", recordó el fiscal.
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