14.02.2017 / TRAS LA RESPUESTA OFICIAL
El titular de la AGN contradijo a Peña: el organismo no intervendrá por el pacto Estado-Correo
Marcos Peña dijo que la Auditoría General de la Nación daría un “veredicto técnico” sobre el polémico acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Macri. Pero el responsable del organismo lo desmintió: no puede interceder a pedido del Poder Ejecutivo.
Después de la conferencia de prensa donde el Gobierno dio su respuesta oficial sobre el escándalo por el acuerdo con el Correo Argentino, el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Oscar Lamberto, afirmó que el organismo no intervendrá en el conflicto, tal como había anunciado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, instantes antes. “No somos el organismo adecuado”, respondió Lamberto.
Según Lamberto, la AGN no puede intervenir a instancias del Poder Ejecutivo sino que sólo puede hacerlo a pedido del Poder Legislativo. Recordó, además, que ya tiene un plan de auditorías para el año 2017 aprobado por el Congreso. "No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoria después de que se armó el escándalo", resaltó Lamberto, cuestionando las afirmaciones vertidas desde el Ejecutivo.
En conferencia de prensa junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, Peña había solicitado a la AGN "un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva; esto es otro reaseguro extra, porque estamos absolutamente comprometidos en transparentar todo tipo de acción de Gobierno, sobre todo esto, para despejar dudas".
En declaraciones a Infobae, el titular de la Auditoría indicó que el plan de acción del organismo "no se puede modificar sin acuerdo del Parlamento, pero hubo casos en los cuales a pesar del acuerdo hay dictámenes legales internos que recomiendan la no intervención en estos casos".
El Estado y el Correo Argentino -controlado por Socma Americana SA, de la familia Macri- firmaron a mediados del año pasado un acuerdo sobre la deuda por 296 millones de pesos que la empresa tiene con el Estado desde 2001. La semana pasada, la fiscal Gabriela Boquin emitió un dictado que tildaba de “abusivo” el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Cambiemos y la empresa del Grupo Macri.
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