21.03.2017 / DDHH
El Gobierno tuvo que dar explicaciones ante la CIDH por persecución y criminalización de la protesta
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno que justifique “abusos” que atentan contra los derechos de las personas. Desde el CELS denunciaron que la detención de Milagro Sala pretende generar un “efecto intimidatorio sobre el conjunto”.
La primera audiencia entre representantes del Ejecutivo y la CIDH tuvo lugar en la mañana de ayer, en la sede central de la CIDH en Washington. Durante la reunión, el Gobierno reconoció que iniciaron procesos judiciales contra personas por “protestar” y tuvo que dar explicaciones, respecto de la intensificación de la persecución y criminalización del derecho a la protesta por orden del gobernador Gerardo Morales, .
“Eso tiene un efecto intimidatorio sobre el conjunto, como lo tiene la prisión arbitraria de Milagro Sala, es lo que vinimos a denunciar y lo que quedó en evidencia”, advirtió Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los denunciantes.
El titular de la CIDH, Francisco Eguiguren, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, debieron afrontar las denuncias del CELS sobre la utilización en esa provincia de “procesos penales, contravencionales y administrativos para limitar la protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación”.
En el marco de la audiencia, Verbitsky advirtió: “Hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta de un gobierno que quiere ser juez y parte. Se priva a quienes protestan de sus derechos civiles y políticos de manera anticonstitucional y anticonvencional”.
Cerca del mediodía, tuvo lugar la segunda audiencia en la que el comportamiento del Gobierno de Cambiemos fue puesto bajo la lupa y tuvo como eje de debate, la modificación a la ley migratoria a través de un DNU, que limita los derechos de los migrantes y restringe la posibilidad de ingreso al país.
“La CIDH fue un actor fundamental en la elaboración de esa ley, que colocó a Argentina como modelo regional de política migratoria alineada al respeto de los derechos humanos, por eso veo con preocupación la aplicación de ese decreto que significa un retroceso en ese aspecto, preocupación que el Estado argentino no supo justificar”, explicó Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, en diálogo con Página 12.
Morales insistió en que “el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia”. La integrante de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, Gabriela Liguori, destacó que la modificación “viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones”, mientras que Nengumbi Sukamam, integrante del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, advirtió que el DNU “habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial”.
A pesar de las duras críticas que debió enfrentar la comitiva oficial, integrada por Avruj y el director nacional de Migraciones, Horacio García, los funcionarios de Cambiemos insistieron en en que Argentina es “un país de puertas abiertas” y que “no quiere perseguir migrantes”.
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