Luego de la represión a maniestantes en la Panamericaca, a chicos en el comedor en Lanús y a docentes y estudiantes en el Congreso, Cambiemos presentó una iniciativa que propone reformar el Código Penal para agravar las penas ante manifestaciones públicas de todo tipo y cortes de calle o rutas. La idea es modificar cuatro artículos de la actual regulación, referidos a sanciones por amenazas, daños, abuso de armas y delitos contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte.
Se sumarán gravísimas sanciones en el marco de manifestaciones y endurecerá las penas quienes utilicen “elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables, objetos capaces de dañar la integridad de las personas, o bienes, o con la cara cubierta a modo de impedir su identificación”.
Las sanciones serían de hasta diez años de cárcel y da rienda suelta a la policía para realizar detenciones durante las protestas.
Uno de los fundamentos del proyecto de ley, es “
no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados. Elementos contundentes diseñados y empuñados para causar lesiones y capuchas y máscaras para ocultar la identidad y permanecer impunes no deben ser materia de interpretación, objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral o a la hipocresía descarada”.
La abogada Ileana Arduino, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dijo a Página 12:
“Es un proyecto cuyo principal objetivo es ilegalizar la protesta social y a quienes participan de ella. En realidad, cualquier manifestación pública podría ser alcanzada por esa criminalización. La convalidación social basada en prejuicios clasistas y racistas hacia los sectores populares
podría estar habilitando una herramienta sumamente riesgosa porque los procesos autoritarios construyen nuevos enemigos conforme sus necesidades represivas”.
La letrada calificó a la modificación de “deplorable” y explicó que “se apoya en la demonización piquetera pero podría asfixiar cualquier forma de disidencia y reclamo social.
Criminalizan al pueblo interpelando al poder en la calle y propone neutralizar el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, lo que también lo hace inconstitucional. Y afecta el principio de legalidad. Estas normas están redactadas con una generalidad tal que aumentan las posibilidades de punición. Violan el mandato de certeza y eso también es inconstitucional”.
