A tan sólo un día del anuncio de la renuncia de la procuradora general de la Nación,
Alejandra Gils Carbó, a efectivizarse a fines de diciembre tras la escalada de presión política y mediática,
el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y dos ONG´s vinculadas al macrismo dieron un paso más contra la justicia no adicta y presentaron esta mañana en el Consejo de la Magistratura una denuncia contra los jueces Daniel Rafecas y Ariel Lijo, a quienes acusan de haber tenido un mal desempeño en sus funciones por el "cajoneo" de una serie de expedientes.
La información recabada para sostener
esta embestida de tres organizaciones fuertemente vinculadas al Gobierno surge del marco de la auditoria de causas de corrupción ordenada por el Consejo de la Magistratura, pero se trata de datos preliminares. Se trata de un escrito presentado en el organismo encargado de la designación y remoción de jueces, la Comisión de Disciplina del Consejo, en el que se menciona que de los primeros resultados analizados sobresalen
“situaciones de excesiva demora en la tramitación de las causas que de ser confirmadas afectarían el debido proceso” y casos de algunos magistrados que “no han dado siquiera un mínimo cumplimiento al pedido de información que se les cursara oportunamente”.
Sin embargo,
un hecho vinculada a dos de las entidades que impulsaron la presentación: fue hecha por Guillermo Lipera, titular del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y Máximo Fonrouge, de la agrupación Será Justicia. Ambos son cercanos al macrismo y tuvieron un rol protagónico a la hora de buscar el desplazamiento de Gils Carbó, tal como consignó Perfil. Además, la presentación
se da en un contexto de avanzada del oficialismo que, entre otras cosas, está cerca de lograr la remoción del camarista Eduardo Freiler y que, desde inicios de este año, filtró en medios de comunicación una "lista negra" de actores del sistema judicial que tendrían destino de denunciados.
El texto judicial está dirigido a Pablo Tonelli, responsable de la Comisión de Acusación y Disciplina y hombre de paladar negro PRO, pidieron que se tomen medidas en el tema y apuntaron contra los casos del Rafecas y Lijo como presuntos ejemplos de demoras en los procesos, al tiempo que también criticaron a los magistrados Sebastián Ramos, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi por una supuesta falta de información enviada sobre las causas para realizar la Auditoría, ordenada en abril de 2016 precisamente tras un pedido del Colegio porteño.
Para Lipera, Fonrouge, y Diana Cohen Agrest, de la Usina de Justicia, otra ONG que suele coincidir con toda la línea del Gobierno en materia judicial, del material recabado surge que “existen muchas causas que llevan varios años de iniciadas, cuentan con requerimiento fiscal y permanecen a la fecha en trámite, sin siquiera haberse ordenado la declaración indagatoria de las personas formalmente requeridas como imputadas”.
En ese sentido, a modo de ejemplo se refieren al “desempeño de los jueces a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3 y Nro. 4, Doctores Daniel Eduardo Rafecas y Ariel Oscar Lijo, respectivamente”. En la presentación enumeraron 6 expedientes de una de las secretarías de Rafecas y 28 entre las dos secretarías del juzgado de Lijo.
Cerca del juzgado de Rafecas explicaron a Perfil que están seguros de poder explicar cada caso que se mencione en la presentacion y agregaron que, por otra parte, el hecho de que un caso no llegue a indagatoria no quiere decir que haya sido mal instruido sino que muchas veces las denuncias no constituyen delito.
"Llamar a indagatoria es la excepcion. Es muy bajo el porcentaje de casos que llegan a esa instancia", explicaron.
Además, insistieron en que ven con buenos ojos la auditoría y que cuando lleguen pedidos de consulta del Consejo, serán respondidos y explicados. También señalaron que los seis casos mencionados parecen ser poco representativos en el marco de miles de expedientes de corrupción que tramitan en la justicia federal.
Según el mismo medio, varios de los jueces señalados por los denunciates se mostraron sorprendidos y molestos.
En el juzgado de Martínez De Giorgi sostienen que "no entienden qué información puede haber faltado".
En el de Casanello, agregaron: "Se cumplió con todo lo que pidieron, en tiempo y forma, incluso el juez recibió personalmente a los auditores y los invito a hacer su trabajo en el juzgado con acceso a todo. Pero después el trámite se hizo a través de la Cámara Federal. El Consejo, que es el que hace la auditoría, no nos pidió ni reclamó nada. Cualquier otra cosa que necesiten, este juzgado se los vamos a dar. No hay nada que retacear porque nuestras causas están todas informatizadas, con acceso abierto de la Cámara Federal y las partes".
