02.01.2026 / EXPEDIENTE
El Consejo de la Magistratura investiga a Arroyo Salgado por abuso de autoridad
La Comisión de Acusación abrió un expediente contra la jueza de San Isidro por su actuación en la detención e incomunicación de militantes peronistas tras una protesta frente a la casa de José Luis Espert, en una causa que incluyó denuncias por irregularidades y posibles excesos en el uso de la prisión.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura avanza con una investigación contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por presunto mal desempeño y abuso de autoridad a partir de las detenciones ordenadas en una causa vinculada a una protesta política, decisión que fue formalmente notificada en vísperas de Navidad y que abrió un expediente disciplinario en su contra.
El caso se originó por la detención de un grupo de militantes peronistas acusados de delitos federales luego de colgar un pasacalle y arrojar excremento en la puerta de la vivienda del entonces diputado José Luis Espert, un episodio que derivó en procedimientos cuestionados por dejar a los detenidos incomunicados, sin pruebas y por presuntos malos tratos durante la privación de la libertad.
La apertura formal del expediente fue definida a mediados de diciembre y comunicada el 22 de ese mes, conforme al reglamento del organismo, que establece que la magistrada “podrá ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho en un plazo de veinte días”, luego de que fracasara un intento de desestimación impulsado por una exconsejera.
Entre los elementos bajo análisis figuran los testimonios de las detenidas Alexia Abaigar y Eva Mieri, quienes relataron ante el Consejo situaciones de incomunicación, traslados irregulares y tratos degradantes durante su detención en dependencias policiales y penitenciarias federales, además de la difusión pública del caso por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo y del propio Espert.
En la denuncia, los legisladores señalaron que la calificación legal elegida “no guarda ninguna relación ni proporción con los hechos concretos” y advirtieron que se trató de “maniobras de amedrentamiento y disciplinamiento social”, al tiempo que sostuvieron que la jueza habría forzado la competencia federal y vulnerado la garantía de imparcialidad, encuadrando su accionar en las causales de mal desempeño previstas para el inicio de un eventual juicio político.
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