
A principios de año, se conoció que, mediante una
intrincada maniobra, la familia Macri ganó unos US$ 48 millones por la reventa de parques eólicos que adquirieron sin licitación pública.
La firma Sideco Americana había creado cuatro empresas a nombre de un contador, lo que le permitió a la familia presidencial hacerse con la compra de seis parques eólicos en Chubut, Pinamar y Buenos Aires. Luego, con la excusa de desperenderse de negocios vinculados al Estado, vendieron los parques y tuvieron ganancias millonarias.
El martes, el juez federal
Marcelo Martínez de Giorgi ordenó un operativo en el
Ministerio de Energía y Minería para llevarse documentación que le permita investigar si las empresas de la familia presidencial se beneficiaron con información privilegiada a la hora de hacer la compra.
Tras este episodio, el ministro de Energía,
Juan José Aranguren, presentó un escrito ante la Justicia y negó irregularidades en la compra de los parques eólicos por parte de la familia Macri.
“Niego terminantemente y enfáticamente que el ministerio a mi cargo hubiere incurrido en alguna irregularidad”, aseguró en el escrito y vinculó el escándalo a la “intencionalidad política” del Frente para la Victoria (FpV). Ésto es porque los diputados del FPV,
Rodolfo Tahilade y Martín Doñate, elevaron una denuncia y pidieron que se investiguen maniobras de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el texto que Aranguren elevó a Martínez de Giorgi, el cual publicó Perfil, el Ministro aseguró que
los proyectos Parque Eólico Loma Blanca VI y parque Eólico Miramar “fueron adjudicados en el marco de un proceso licitatorio, abierto y competitivo, convocado a partir de lo dispuesto” por tres resoluciones de su Ministerio.