El 2018 fue muy movido en materia judicial, con fuertes investigaciones periodísticas que derivaron en causas contra el kirchnerismo y el macrismo. Además, la Corte Suprema cambió a su presidente y se armaron bloques dentro del máximo tribunal. También fue el año del fin del 2x1 para los genocidas.
LOS APORTANTES TRUCHOS DE VIDAL
Una investigación del periodista Juan Amorín reveló que en las últimas campañas electorales, en especial las de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Cambiemos se financió con plata negra. Se trata de dinero que hicieron pasar como aportes de personas beneficiarias de planes sociales.
Tras varias idas y vuelvas,
el macrismo presionó para que no se investigue la causa penal y todo quede en un mero "malentendido electoral". Les dieron el gusto.
Casi a fin de año, los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera decidieron que la causa en la que se investiga el financiamiento ilegal de las campañas de Cambiemos en 2015 y 2017 sea girada al juez Adolfo Gabino Ziulu. Eso implica que las penas que podrían recibir los funcionarios del PRO son menores que las que podría dar el fuero penal.
La causa era tramitada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Krepak. El juez se hizo cargo de la denuncia formulada por la senadora bonaerense de Unidad Ciudadana Teresa García. contra Vidal y la tesorera del PRO María Fernanda Inza, a quien la Gobernadora echó de su cargo de Contadora General de la Provincia tras el escándalo.
Tras la decisión de la Cámara, toda la documentación referida a la investigación deberá ser girada al juzgado de Ziulu. Pero la jugada empezó antes y en octubre se empezó a definir la surte de la investigación.
Durante el décimo mes del año la Cámara Federal, con el voto del cuestionado Martín Irurzun, decidió que la causa de los aportes apócrifos de Cambiemos durante las campañas 2015 y 2017 deje de estar bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello.
¿El argumento?, que no existen delitos federales. Sin embargo, a decisión de la Justicia respondió a las presiones de Cambiemos de que la causa pase al ámbito de la justicia electoral, ya que Casanello apuntaba a que en el expediente se investigaran delitos por falsedad ideológica, asociación ilícita y lavado de activos, que podían significar condenas contra Vidal y funcionarios de peso del macrismo bonaerense.
LOS CUADERNOS DE CENTENO
La causa de las forocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, ex segundo del Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo, desnundó una presunta red de corrupción. La investigación del periodista Diego Cabot involucra a ex funcionarios aparentemente coimeados y a empresarios que pagaron dichas dádivas, pero no corrieron la misma suerte.
A pesar de no haber pasado por el correspndiente sorteo la causa quedo en manos del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, ex jefe de Seguridad de Boca Juniors cuando Mauricio Macri era su mandatario,
Entre otras cosas, el tándem Bonadio-Stornelli decidió procesar con prisión preventiva a la senadora Cristina Fernández de Kirchner aplicando la doctrina impuesta por el fiscal Martín Irurzun. Para el funcionario judicial los ex políticos sin ningún tipo de cargo actuar pueden entorprecer la investigación "por sus contactos".
El pedido no pasó por el filtro del Senado de la Nación, donde para que un legislador pierda los fueros debe tener una condena firme en su contra.
El dúo judicial también aplicó la cuestionada figura del "imputado colaborador", más conocida como Ley del Arrepentido. De esta manera quienes "se arrepintieron" de algo y aportaron datos sobre otros investigados siguen en libertad. Mientras tanto, los involucrados que defendieron su presunción de inocencia están detenidos con prisión preventiva.
Sobre fin de de año
la Cámara Federal decidió beneficiar a los empresarios al procesarlos solo por cohecho o, en criollo, por pagar coimas. Los políticos fueron procesados por asociación ilícita y de ser condenados deberán afrontar penas mucho más duras.
FIN DEL 2X1 PARA GENOCIDAS
La Corte Suprema falló en forma contundente contra el beneficio del 2x1 para el genocida Rufino Batalla condenado por delitos de lesa humanidad. Un año antes el máximo tribunal había otorgado el beneficio al represor Muiña, lo que despertó un fuerte rechazo de la sociedad y de los organismos de Derechos Humanos.
Después del hecho ocurrido, el Congreso se encargó de sancionar la ley 27362 que define que el beneficio del 2x1 "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra". En esto se basaron Horacio Rossati y Elena Highton de Nolasco para cambiar su postura.
Por su parte los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda analizaron que la cuestión planteada en este caso resultaba análoga a las resueltas el año pasado en el fallo Muiña, donde ambos se expresaron en el mismo sentido. Los magistrados destacaron que "el derecho internacional impone al Estado Argentino el deber de perseguir los delitos de lesa humanidad y aplicar penas adecuadas y proporcionadas a su gravedad para impedir una forma de impunidad de facto".
En su fallo Rossati concluyó que la ley 27362 tampoco resulta estigmatizante para un sector de la población "pues está dirigida al circunscripto núcleo de quienes cometieron los delitos más aberrantes que registre el comportamiento humano, no afectando a quienes –dentro de la misma actividad- cumplieron adecuadamente con su noble función".
Rosenkrantz volvió a fallar en contra de lo que resolvió el cuerpo y consideró que la ley sancionada en 2017 "es inconstitucional", además consideró que la norma sancionada por el Congreso "no es interpretativa" y que si lo fuera "no son admisibles leyes interpretativas más perjudiciales en materia penal".
CORTE SUPREMA DIVIDIDA: NUEVO PRESIDENTE Y UN FALLO CLAVE A FAVOR DE LOS JUBILADOS
El 1 de octubre del 2018 quedará grabado en los libros de historia de la justicia argentina. Después de una jugada del gobierno naiconal, y tras 11 años, el ultramacrista Carlos Rosenkrantz reemplazó a Ricardo Lorenzetti en la presidencia de la Corte Suprema.
Rosenkrantz ya había estado en el ojo de la tormenta cuando Mauricio Macri intentó imponerlo como juez de la Corte por decreto, sin pasar por el Congreso. Lo mismo ocurrió con Horacio Rosatti, pero finalmente ambos pliegos terminaron siendo aprobados por la Cámar Alta.
Además,
el ahora titular del máximo tribunal había sido cuestionado duramente el año pasado por fallar a favor del 2x1 para genocidas. Ahora, ya ocupando la presidencia, estalló la interna de la Corte.
El Poder Ejecutivo empujó para que se quede con el poder pero no contaba con que Lorenzetti, Rosatti y Carlos Maqueda iban a conformar una especie de bloque propio que les da la mayoría para sacar fallos. Elena Higton de Nolasco apoya a un bando o al otro según el contexto.
La interna quedó de terminar expuesta con el último fallo de la Corte para que el gobierno nacional revea la fórmula con la que calcula las jubilaciones de quienes no entraron a la Reparación Histórica. El único que votó a favor de los deseos del Ejecutivo fue justamente Rosenkrantz.
El mismo día Lorenzetti, Maqueda y Rosatti firmaron una resolución que le quita poderes al presidente de la Corte Suprema. Highton se abstuvo y el enfrentamiento promete prundizarse en 2019.
