El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, fueron sometidos a una investigación por presuntamente haber habilitado a varias empresas, entre las que se destaca Iecsa, perteneciente a la familia del presidente Mauricio Macri, a seguir cobrando peajes y obras por 30 mil millones de pesos cuando sus contratos pese al vencimiento de los contratos
Ayer el doctor Eduardo Taiano de la Fiscalía Federal 3 imputó a los funcionarios por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La medida judicial fue impulsada luego de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) quienes ratificaron la decisión. La causa se encuentra en el Juzgado Nº7 de Sebastián Casanello
“Nosotros denunciamos en la justicia que se abonaron a las concesionarias $30.000 millones con fondos del Estado Nacional cuando habían vencido todos y cada uno de los contratos de los Corredores Viales concesionados, pero Iguacel y Dietrich los continuaron de manera irregular para favorecer a las empresas”, sostuvo la titular de STVyARA, Graciela Aleñá.
El Estado habría habilitado a varias empresas, entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente. En la denuncia se lee: “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo Resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los $ 30.000 millones, según surge de los sistemas de la propia Vialidad, más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.
