Veintidos días después de la carta de la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas (ONU) donde se graficaba que en Argentina hubo un plan sistemático por parte del Gobierno para encarcelar opositores y diseñar una Justicia a su anotojo, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj realizó una respuesta oficial.
"La expresión 'plan sistemático' en la Argentina remite simbólicamente en forma directa e inequívoca a la más siniestra y oscura etapa de nuestra historia, en clara alusión al plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio perpetrado por la dictadura militar entre 1976 y 1983.
Resulta preocupante, y ajeno a cualquier verificación empírica, referirse en esos términos a los actos de un gobierno democrático", afirmó el Gobierno de Macri en su respuesta.
La respuesta fue presentada ayer en Ginebra por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En el documento, e
l Estado afirmó que las relatorías de la ONU deben "tratar siempre de establecer los hechos, sobre la base de información objetiva y fidedigna que dimane de fuentes pertinentes y creíbles".
La presentación realizada por Avruj fue craneada por el ministro de Justicia Germán Garavano y operadores del macrismo en el área. Así pusieron en duda "la objetivad e imparcialidad" de los deunciantes.
Según la respuesta del Gobierno, la acusación parece "orientada a la estrategia defensiva en los casos particulares de corrupción que tramitan ante el Poder Judicial".
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"Preocupa que en el informe se considere fiable, prima facie, la información aportada sin mayor investigación ni confronte con otras fuentes y sin siquiera esperar la respuesta del Estado", indicaron los dirigentes macristas en representación del Estado. El documento presentado en Suiza sostiene que las relatorías de la ONU deben "tratar siempre de establecer los hechos, sobre la base de información objetiva y fidedigna que dimane de fuentes pertinentes y creíbles".
En su respuesta el Gobierno reclama que "si los hechos denunciados hubieran tenido la seriedad y urgencia que se manifiestan en la comunicación, no se habrían dejado transcurrir casi cinco meses [hasta pedirle explicaciones al país]".
Ahora García-Sayán presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Por último responden el punto del relator donde se señala el uso del Consejo de la Magistratura para perseguir magistrados que fallan en contra de los intererses de los jueces "sin respetar los requisitos establecidos en la legislación. También dan razones de las desginaciones por decreto de Rosenkrantz y Rosatti como jueces de la Corte Suprema
