Finalmente y tras las dudas respecto de qué actitud tomaría frente a la polémica resolución de su antecesor,
el presidente Alberto Fernández anulará el decreto que Mauricio Macri firmó 14 días antes de abandonar la Casa Rosada para atornillar al Estado a tres mil funcionarios políticos nombrados durante su gestión.
De este modo, el gobierno nacional dará de baja la resolución que su antecesor firmó -según parece- antes de irse con la que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años los puestos jerárquicos del Estado para unos 3000 funcionarios nombrados en su gestión.
Se trata del
decreto 788 del año 2019. Según argumentó la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación,
Ana Castellani, la norma PRO implica
"una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado".
La resolución había sido firmada también el entonces jefe de Gabinete,
Marcos Peña, y el ahora ex ministro de Producción y Trabajo,
Dante Sica. El objetivo era
dejar una gruesa capa geológica del macrismo en puestos clave de administración pública y les garantizaba millonarias indemnizaciones en caso que fueran despedidos.
Castellani argumentó la decisión de gestión de Fernández en que el decreto de Macri modifica el Convenio Colectivo del Sector Público, estableciendo un nuevo régimen de acceso, retribución, permanencia, promoción y egreso de la Alta Dirección Pública e involucra a más de 3.000 cargos, creando un escalafón de
"privilegio para funcionarios y quebrando la carrera administrativa, generando un sistema diferencial y privilegiado para altos funcionarios".
Paradójicamente, Macri y sus funcionarios comenzaron su gestión en diciembre de 2015 con miles de despidos en todas las dependencias de la administración pública, incluso las empresas autárquicas del Estado, y estigmatizando a los trabajadores que resistían los despidos como
“ñoquis” y “grasa militante”. Por el contrario, dos semanas antes de irse, el líder PRO firmó un decreto que creaba por decreto el "Régimen de Alta Dirección Pública" para atornillar a sus dirigentes en el Estado, o darle “estabilidad laboral” a unos 3000 funcionarios jerárquicos y directores nacionales nombrados por su gestión, en lenguaje formal.
El régimen que se buscó establecer dispone
"una carrera paralela con una exclusiva escala remunerativa, flexibilizando los requisitos de formación y experiencia acreditables para acceder a la alta dirección pública, además de garantizar la posesión de los cargos por un período de 5 años o, en su defecto, una indemnización fuera de toda proporción", señalaron fuentes de la Jefatura de Gabinete.
Desde la Jefatura precisaron que para el presidente Alberto Fernández es
"vital" construir un nuevo sistema que "jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público".
