A sólo días del 4 de agosto, la fecha final de definición sobre la reestructuración de la deuda externa con privados extranjeros que incrementó y dejó Mauricio Macri,
el grupo que reúne a las principales cámaras empresariales del país y que es denominado G6 respaldó la última propuesta de canje hecha por el Gobierno y así Alberto Fernández consiguió el esperado guiño del establishment económico para reforzar su posición ante los grupos de bonistas más duros.
El Grupo de los 6 (G6), que nuclea a la UIA, las cámaras de Comercio y Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina, coincidieron, en un comunicado de prensa, en que “la propuesta elevada por el Estado Nacional y la voluntad de pago construyen una alternativa que mejora la situación objetiva de ambas partes”.
“Con su última oferta, nuestro país procura responder de buena fe a los requerimientos de su contraparte”, dijeron los empresarios más importantes y poderosos del país, motivo por el que se los conoce, como solía decir
Mauricio Macri, como "Círculo Rojo".
Según agregaron, “ahora, se requiere que los acreedores externos cooperen con un esfuerzo final para concretar la reestructuración consensuada", "de tal forma que constituya un avance para dos prioridades convergentes: el desarrollo integral de Argentina y la garantía de que el país va a honrar sus compromisos”.
El comunicado de los empresarios, la mayoría de ellos más cercanos a posturas opositoras que oficialistas habitualmente, remarca que luego de varios meses de negociación, la Argentina consolidó una propuesta que compatibiliza las posibilidades de crecimiento con el cumplimiento de las obligaciones contraídas, además de reducir las erogaciones futuras. Además, agrega que el diálogo entablado y la oferta presentada muestran la voluntad del país de despejar las incertidumbres del horizonte financiero.
Tras el respaldo obtenido por los sectores más influyentes del poder económico, se espera que la próxima semana avance el proyecto de reestructuración de deuda bajo legislación local, que presenta condiciones similares al canje sobre compromisos con ley extranjera. De aprobarse, el Gobierno ostentaría el impulso político final para presionar aún más a los bonistas para que acepten el canje sin modificaciones de tipo económico.
