El presidente Alberto Fernández presenta hoy, luego de una demora reclamada hasta por sectores del propio Frente de Todos, la esperada propuesta de Reforma Judicial y, de avanzar la iniciativa, significará un profundo impacto sobre los cuestionados tribunales de Comodoro Py.
Según trascendió, el proyecto implicará contundentes cambios en la estructura de los principales tribunales para la política, ya que
ampliará el número de juzgados criminales que podrán investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, pero también en presuntos delitos de contrabando de mercaderías, lavado de activos y evasión empresaria, figuras que hasta ahora se investigaban en el fuero penal económico.
La modificación de unificar ambos fueros tiene sustento en que tienen similar jerarquía, comparten la misma instancia de apelación máxima, la Cámara Federal de Casación Penal, y sus Tribunales Orales están en el mismo espacio físico, el edificio de Comodoro Py 2.002, en Retiro.
El fuero federal de la ciudad de Buenos Aires tiene actualmente 12 juzgados federales de instrucción en el tercero y cuarto piso de ese edificio que, según se anticipa, serán fusionados con once penales económicos, ocho de los cuales funcionan en Avenida de los Inmigrantes 1.150, a escasos metros, y los tres restantes en Sarmiento 1.118.
De esta manera, de avanzar y sancionarse el proyecto en el Congreso, en un principio habría 23 juzgados de instrucción que se ocuparán de los delitos por los que antes cada fuero intervenía de manera separada. Así, ya no quedarán en las mismas 12 (o menos) más ya tan manchadas (no todas).
Los juzgados penales económicos y federales de instrucción tienen dos secretarías cada uno y si se concreta otro aspecto de la Reforma, vinculado a la supuesta separación de las mismas para crear con cada una un nuevo juzgado, el número total de juzgados federales unificados sería de 46, con lo que haría falta nombrar nuevos magistrados.
Con la renuncia del juez federal Rodolfo Canicoba Corral que se concretará desde esta noche, el fuero federal tiene ya tres vacantes para cubrir: la suya, la que dejó Sergio Torres al ser nombrado en la Suprema Corte bonaerense y la del juzgado federal 11 que estuvo a cargo del fallecido Claudio Bonadio.
Ambos fueros, de igual jerarquía, comparten sede física en Comodoro Py para la mayoría de sus Tribunales Orales y tienen la misma instancia máxima de apelación previa a la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación
Según se anticipa,
se unificarán la Cámara Federal y la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que cumplen el rol de primera instancia de apelación previa a una intervención de Casación Penal.
La Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene dos salas con tres jueces cada una, con sede en avenida de los Inmigrantes, y la Federal cuenta con dos salas de tres jueces y una de ellas, la sala segunda, tiene dos vacantes.
En cuanto a los Tribunales Orales de los dos fueros, la mayoría de ellos funcionan ya en Comodoro Py 2002: el Penal Económico tiene cuatro en el edificio compartido con el fuero federal.
Los dos fueros suelen interactuar entre sí ya que muchas veces hay conflictos de competencia vinculados a los delitos a investigarse, como ocurrió en la causa Oil Combustibles, entre la jueza del fuero económico María Verónica Straccia y su par federal Julián Ercolini.
EL CONSEJO ASESOR
Alberto Fernández no sólo presenta el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, sino que
también pondrá ante la opinión pública al consejo de notables que asesorará al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema en aspectos claves, tal como designa la iniciativa, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas
Los once miembros del Consejo Consultivo son: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
Participan del anuncio en la Casa Rosada junto al jefe de Estado, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y legisladores nacionales invitados especialmente para asistir de manera remota. Sobre el diseño de la propuesta estuvo trabajando el propio Fernández junto a la mencionada funcionaria; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
