“La única reforma necesaria es conampliación de derechos sociales”. Adolescentes y jóvenes en la mira de los discursos del odio.
En un hecho lamentable ocurrido en la mañana del domingo 6 de diciembre, un hombre perdió la vida, presuntamente a manos de un menor de edad en el barrio de Retiro.Esta situación desencadenó que sector de la política nacional vuelva a poner “sobre el tapete” el debate de la ley penal juvenil. Como a fines del 2019 cuando Cambiemos presentó un proyecto de ley para revisar la baja de imputabilidad para niños, niñas y adolescentes , en estos últimos días los principales referentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,intentan retomar un tema complejo, multicausal y sensible para la sociedad.
¿Por qué discutir el problema del delito juvenil justo ahora? Es la primera pregunta que nos hacemos porque elegir los momentos son también decisiones políticas. En medio del debate para que Nación no retireparte de los fondos coparticipables a la Ciudad y en vísperas de un año electoral, la decisión de priorizar este tema, a pesar de que los númerosdel Ministerio de Seguridad señalan que los delitos cometidos por niños, niñas o adolescentesolo representan el 0,4 %de los delitos y el 0,04 % de los homicidios, pareceriera el desarrollo de una estrategia de marketing político basada en el odio a los jóvenes, antes que a una verdadera preocupación por el tema.
De esta manera los adolescentes y jóvenes se convierten en chivo expiatorio de la política ejercida por adultos. Así lo demuestran las declaraciones del Vicejefe del GCBA,Diego Santilli, que en su cuenta de twitterescribió: “Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra”.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene advirtiendo desde el año 2011, que los sistema de justicia juvenil, que solo se preocupen por ampliar la posibilidad de castigo a personas de menor edad, y deje de lado aspectos fundamentales como la prevención y el fomento de oportunidades para una efectiva reinserción social, son claramente incompatibles “con los estándares internacionales en la materia” (CIDH, 2011).
El problema del delito juvenil tiene como principal características los pedidos de “mano dura” y la presencia en los medios de discursos estigmatizantes hacia niños, niñas y jóvenes, que buscanse tomen mediadas ejemplificadores sobre las personas implicadas en este tipo de hechos, pero pocas veces, casi nunca a decir verdad, se preocupan por reclamarpor las consecuencias de la desigualdad social y actuar sobre las causas.
Como en otros aspectos, los consensos sobre políticas públicas que perduren en el tiempo es una quimera en nuestro país y másdifícilse vuelven la discusión si ubicamos al Estado solo desde su rol penal,en una sociedad mercantilizada donde elconsumo es el único (des)ordenador en la existencia de les jóvenes. Evidentemente es necesario darle respuesta a un tema que siempre vuelve pero, quizá, sea pertinentes poner en debate no tanto quéhacen les jóvenes con su vida (y las de los demás), sinoque hacemos los adultos con ellos y ellas en el mapa de la fragmentación social y la brecha económica.
Un estudio de UNICEF realizado en el año 2017 llamado“Para cada adolescente una oportunidad”,muestraque en Argentina 1 de cada 2 adolescentes es pobre. El acceso de los y las adolescentes a la protección social y a los diferentes programas tiende a descender en relación con la infancia. Incluso, la cantidad y calidad de datos sobre la situación social de los y las adolescentes es escasa. En el año 2016, la observación general número 20 del Comité de los Derechos del Niño señaló con preocupación que los diferentes Estados“no han tomado las medidas necesarias para que los adolescentes disfruten de sus derechos”.
La gestión de gobierno de Cambiemos en Argentina, dejó un saldo muy crítico en términos de indicadores laborales y sociales. Ahondando en políticas más específicas de este grupo social también hubo enormes deficiencias o ausencia de políticas públicas que garantizaran los derechos de les jóvenes, dando de baja algunos programas para adolescentes. En el Sistema de Protección de Derechos, hubo un ahogo presupuestario de hasta un 25% de recorte, sobre todo en municipios de la provincia de Buenos Aires, lo cual implicó que muchas direcciones locales de niñez no tuvieran la capacidad de abordar las infinitas situaciones de vulneración de derechos que emergían producto de la debacle socioeconómica.
En un informe realizado por UNICEF entre el años 2018 y 2019 se evidencia el agravamiento de la situación de las infancias y las adolescencias de los sectores populares, donde las política económicas del macrismo afectaronla calidad de vida de las familias con niñas, niños y adolescentesrestringiendosu consumo y poniendo “en riesgo su supervivencia, sometiéndolas a una mayor estigmatización y a situaciones de discriminación”.
Quizás es momento de discutir una reforma de la ley penal juvenil, pero no como respuesta a una situación particular, sino como parte de un sistema de protección integral ampliado que incluya una ley de responsabilidad penal juvenil acorde a la protección especial que deben tener les adolescentes tal como expresa el artículo 19 de la Convención de Americana de Derechos Humanos.
Es imprescindible repensar las medidas exclusivamente punitivas y comenzar a instaurar medidas de carácter comunitario y socio-educativo que garanticen derechos, si efectivamente queremos construir una justicia restaurativa, no meramente retributiva, y si en verdad queremos llevar adelante políticas destinadas a que les adolescentes de todo el país tengan la posibilidad proyectar sus deseos, ambiciones y sueños sin ser estigmatizades, niexcluides, por los discursos de odio y el oportunismo político.
Ezequiel Perez, docente de Nivel Inicial, estudiante de Derecho (UBA) y coordinador del equipo de infancias y adolescencias de Genera
Daniel Aldave Licenciado en Educacion, docente de la modalidad de Jovenes y adultes e integrante de Genera
