El presidente de la Nación,
Alberto Fernández, se refirió este domingo al fallo que revierte la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por período de 15 días según lo impuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial 241/21.
"Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son exclusivas de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria. Por eso la Ciudad fue directo a la Corte", dijo a
El Destape.
El presidente apelaría la resolución dispuesta por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones, que deja sin efecto el artículo N°2 del Decreto.
ZANNINI EN LA JUSTICIA FEDERAL
En tanto, la
Procuración del Tesoro de la Nación presentó un planteo para declarar la inhibitoria de la justicia porteña, y por consiguiente la invalidez de lo decidido anoche por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que falló a favor de la presencialidad en las clases en el distrito.
VIZZOTTI
Anteriormente, la ministra de Salud,
Carla Vizzotti, ya había presentado un recurso ante la Cámara porteña para que decline su participación en la cuestión de las clases presenciales, argumentando que se trata de una política sanitaria nacional, que busca reducir el impacto del coronavirus. La titular de la cartera sanitaria acompañó la resolución con gráficos epidemiológicos, y planteó que existe un riesgo individual y uno colectivo de reabrir la presencialidad en las escuelas.
En el recurso que luego habría sido rechazado, Vizzotti planteó que
"de acuerdo a la evidencia acumulada a la fecha podemos decir que, en relación a la presencialidad en instituciones escolares, el riesgo individual de contagio puede ser considerado bajo si se acompaña y garantiza el adecuado cumplimiento de las medidas de prevención (uso correcto de barbijo, distanciamiento, higiene de manos, higiene respiratoria, ventilación adecuada, identificación temprana y aislamiento de los casos, y cuarentena de contactos)”.
“Debemos tener en cuenta que, en un contexto de aumento de la transmisión comunitaria, todos los asistentes a establecimientos escolares (estudiantes y personal), al igual que el resto de la población que viven en áreas de riesgo, tienen más probabilidad de enfermar cuanto más circulen, por lo que el bajo mencionado anteriormente, aumenta en áreas de alta transmisión”, expresaba el documento.
POSICIÓN DE NACIÓN
Por otra parte varios funcionarios del Gobierno Nacional se expresaron en las redes sociales para posicionarse en contra de la decisión de la Justicia porteña.
Através de su cuenta de
Twitter, el ministro de Justicia de la Nación,
Martín Soria, opinó que el fallo de la Justicia porteña que ordena a la Ciudad de Buenos Aires a garantizar las clases presenciales es un “
mamarracho jurídico” con fines políticos. En sus declaraciones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos defendió la decisión tomada por el presidente Alberto Fernández de suspender las clases presenciales durante 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.
"Tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo", consideró Soria en esa red social. Al tiempo que opinó que "esta vez han ido demasiado lejos" a la vez que indicó:
"Una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales".
"Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política. La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida", concluyó Soria.
Por su parte el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Daniel Gollán, hizo también su descargo a través de las redes sociales, desde otro enfoque:
"El problema no son las clases, el problema es la circulación". "En el AMBA de lado de Provincia, hay 3 millones de chicos escolarizados. Si les agregamos familiares y docentes, llegamos a 6 millones de personas: la mitad de la población del AMBA", dijo a continuación para finalizar llamando a
"frenar esa circulación".
EL FALLO
Luego de conocerse la medida dictada por el Gobierno nacional, organizaciones de docentes realizaron una presentación en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.
El mencionado tribunal compuesto por magistrados afines al gobierno de
Cambiemos unánimemente votó a favor de la presentación y falló por la presencialidad de las clases en el distrito. Es que se pronunciaron sobre una presentación hecha por organizaciones no gubernamentales de docentes y padres.
El tribunal resolvió
"hacer lugar a la queja interpuesta y, en consecuencia, admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo tercero, del DNU y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires", según el fallo.
