El juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo n° 23, Francisco Ferrer, ordenó este jueves al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dar marcha atrás con la obligatoriedad de presencialidad que regía sobre el personal de salud de riesgo que recibió sólo una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
En la resolución del magistrado, se advirtió por la "legitimación activa de la Asociación de Trabajadores del Estado para representar los intereses colectivos del personal del subsistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires afectado por el decreto 120/AJG/2021", de tal forma que se dio lugar parcial a la medida cautelar solicitada por la entidad gremial.
"Respecto del personal dispensado que cuente con una sola dosis, debe cesar todo comportamiento que le imponga el retorno a la actividad presencial sin la existencia previa de un acto administrativo adecuadamente motivado", apuntó Ferrer.
La entidad sindical había interpuesto un amparo contra el Ejecutivo porteño para que deje sin efecto el decreto 120/AJG/2021 y "se abstenga de convocar a trabajar de manera presencial al personal de salud que siendo considerado de riesgo (…), haya recibido solo una sola dosis de la vacuna contra el Covid-19, hasta tanto se complete el esquema de vacunación".
Además, desde ATE se instó a quienes "hayan recibido la inoculación de ambas dosis, hasta tanto el GCBA acredite que cuentan con la inmunidad suficiente que preserve sus vidas y su salud".
"Encontrándose definido el alcance del derecho a la salud y a trabajar en condiciones dignas a partir del entramado constitucional y normativo…, es prima facie ilegítima toda actuación u omisión de autoridad administrativa que pretenda afectarlos sin respetar los límites de las atribuciones previstas en el art. 2º del decreto 120/AJG/2021. Tal es el caso de la nota (…) emitida por la Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud del GCBA", concluye la resolución del magistrado.