La Administración Federal de Ingresos Públicos puso en marcha un megaoperativo sobre los 154 frigoríficos más gande del país en dónde se identificaron maniobras de subfacturación o no declaración de operaciones, tanto de venta (carne faenada) como de compra (animales en pie).
Este estado de irregularidades extendido podría ser la punta del ovillo para llegar a la raíz de los abusos y descontrol en materia de precios con los que funciona el mercado de las carnes en Argentina.
El intento de acuerdo del gobierno con el principal consorcio de frigoríficos exportadores quedó estancado el jueves a la noche ante la negativa de este núcleo empresario a ampliar la oferta de carne a precios accesibles al mercado interno.
Según publicó el periodista Raúl De la Torre en Página12, los 154 establecimientos investigados por la DGI representan el 40% de todos los frigoríficos del país y explican el 72% de la faena total de carne vacuna.También detectaron un grupo de matarifes que recurren a sociedades y personas sin capacidad operativa ni económica para desarrollar sus actividades.
Estos matarifes, al carecer de establecimientos propios, actúan como "usuarios de servicios de faena" en instalaciones de terceros, es decir, frigoríficos formales a los que contratan.
Una de las hipótesis sobre la que trabajan los equipos técnicos de la DGI es que los matarifes sin capacidad económica que eluden las registraciones formales mediante el uso de facturas apócrifas, constituyen una pantalla para otros frigoríficos que operarían a través de este mecanismo, triangulando las compras y las ventas para evadir impuestos.
Tampoco sería ajeno a estas maniobras el desvío de parte de la oferta,
para obtener mejores precios por vía de operaciones ilegales hacia el exterior, y el consecuente encarecimiento de los precios al mercado interno, al cual así se le estaría restando oferta. Es tal el grado de irregularidades que se está detectando en el comercio de las carnes, que ya las estadísticas oficiales que presenta la propia industria deja de ser confiable para sacar conclusiones.
Una semana atrás, la Dirección General de Aduanas, que dirige Silvia Traverso, informaba sobre la denuncia formulada contra 19 frigoríficos por la realización de operaciones fraudulentas en exportaciones de carne.
Lo que surge de la fiscalización es que se declaraba exportar "hueso y carne no apta para consumo", que se ubica en el escalón más bajo de pagos de derechos de exportación (5%), cuando en realidad se trataba de envíos de alimentos aptos para consumo humano alcanzados por una alícuota superior (9%).
Complementariamente, las acciones de fiscalización de la DGI apuntan a garantizar que los distintos eslabones de la cadena productiva cumplan con sus obligaciones tributarias.
El operativo de fiscalización sobre los 154 frigoríficos más grandes del país comenzó cuatro o cinco semanas atrás, aproximadamente. Se trata de firmas que, en el peor de los casos, facturan individualmente por encima de los 250 millones de pesos al año (más de 2,5 millones de dólares). Son los responsables, en conjunto, de más del 70% de la faena de carne vacuna del país.
Los procedimientos abiertos otorgan a los inspectores un plazo de hasta 120 días para relevar documentación de las firmas, los cuales serán utilizados para tratar de precisar los mecanismos de evasión utilizados de modo sistemático. En la tarea están participando e interactuando diversos organismos del Estado, como el Senasa, Banco Central y Ministerio de Agricultura y Ganadería.
También estarían involucrados, en la medida que se detecten maniobras de lavado y la utilización de la formación de sociedades apócrifas para cometer delitos, la UIF y la IGJ.
Un dato particular es que en los últimos tres años se notó una presencia creciente de estos mismos actores en el comercio exterior.
No era usual que un operador sin capacidad económica ni en muchos casos técnica para los requerimientos de la exportación, pudiera acceder con tanta facilidad a este negocio. Sin embargo, la irrupción de compradores asiáticos en el mercado local relajó en gran parte las exigencias.
Hasta el Consorcio de Exportadores de Carnes, el núcleo de menos de veinte grandes frigoríficos nacionales y extranjeros que dominan lo más jugoso del negocio, reconoce que
de sus plantas sale el 85% del producto de origen vacuno que se exporta, que son ventas del propio frigorífico en el caso del 50% de las exportaciones, pero los restantes 35 puntos son producto de la faena para terceros. La relación entre los principales matarifes y los grandes frigorírifcos es, entonces, innegable.
La hipótesis de trabajo sobre la cual se orientan las investigaciones del organismo fiscalizador es que dichas organizaciones de matarifes podrían estar actuando como pantalla de grandes o medianos frigoríficos, que los utilizarían para derivar hacia ellos parte de sus operaciones y evadir impuestos.
El uso recurrente de facturas apócrifas y su propia condición de "usuarios de servicio de faena" por parte de estos matarifes, que en muchos casos carecen de condiciones económicas que permitan explicar el movimiento de animales realizado, lleva a sospechar que alguien más poderoso se mueve detrás de ellos.
