Los abogados de la Cámara Baja le enviaron al juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick y advirtieron que hacer lugar a la medida requerida por el Jefe del Bloque oficialista -Germán Martínez- para que se suspenda la designación de la diputada Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, "acarrearía también graves consecuencias de índole institucional a sociedad en su conjunto" ya que "el Consejo debería funcionar sin contar con la totalidad de los representantes pertenecientes a todos los estamentos que la ley indica".
El diputado del Frente de Todos había señalado que su bancada quedaba subrepresentada tras la decisión de aceptar a la legisladora de la UCR como nueva consejera por la segunda minoría y presentó una medida cautelar -que fue denegada- para que se rechace y se le otorgue la silla al oficialismo en el órgano que controla a las y los magistrados. Fue el dirigente de su mismo espacio político, Sergio Massa -en su rol de Presidente de la Cámara-, quien elevó el pliego de Reyes tras la definición de Juntos por el Cambio.
Las autoridades de la Cámara, los abogados Raúl Garro, María Torello y Ana Correa Figueroa, contestaron el pedido de Cormick y manifestaron que "la pretensión involucra una cuestión que no es susceptible de ser abordada en sede judicial por pertenecer a la 'zona de reserva legislativa'" al igual que lo planteó Graciana Peñafort desde el Senado por el amparo de Luis Juez, y sostuvo que esto "sella definitivamente la suerte de la acción intentada y de la medida cautelar requerida".
Los letrados destacaron que la Resolución N° 689/2022 "fue dictada en estricta armonía con el ordenamiento jurídico vigente" que indica que son los presidentes de cada cámara del Parlamento quienes deben hacer las designaciones en el Consejo a propuesta de cada bloque. El magistrado, que ya cuenta con los informes que había solicitado, dispuso que la causa queda en condiciones para resolverse la medida cautelar.