
El macrismo recibió un (previsible) rechazo en su intención de llevar todas las casos que involucran espionaje ilegal y a veces extorsiones y también armado de causas a Comodoro Py:
el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak se negó este lunes a enviar el expediente que investiga el funcionamiento de la mesa antisindical conocida como "Gestapo" durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal a los tribunales de Retiro.
Kreplak rechazó concretamente que la causa conocida como "Gestapo", caso en el que se indaga acerca del presunto sistema para perseguir al menos a dirigentes sindicales implementada por funcionarios macristas y exespías de la AFI que quedó expuesta a partir de videos, pase a Comodoro Py, como había solicitado su par
Marcelo Martínez de Giorgi a pedido de un ex funcionario macrista cercano a
Daniel "Tano" Angelici.
Martínez de Giorgi hizo lugar el 13 de mayo a un pedido de inhibitoria contra Kreplak interpuesto por la defensa del exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI
Juan Sebastián "Enano" De Stéfano, ladero del operador judicial de Macri, es decir Angelici.
De Stéfano fue parte de la reunión filmada y, particularmente, es quien aparece en el video en el que el exministro de Trabajo bonaerense
Marcelo Villegas se entusiasmó con crear una "Gestapo" para embestir contra sindicalistas, cablear dirigentes y armar causas.
Según el juez de Comodoro Py, hay "puntos de contacto" entre la causa "Gestapo" y la que tramita su juzgado sobre el espionaje ilegal efectuado durante la gestión macrista tanto a dirigentes opositores como oficialistas. Es la principal línea argumental de Macri,
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en todos los casos de espionaje ilegal.
Con esa bajada, Martínez de Giorgi sostuvo que "las reglas de conexidad establecen que un único juez podrá entender en diversos procesos cuanto éstos se encuentren vinculados debido a las personas o los hechos materia de investigación". La idea implica obedecer a los acusados, particularmente a defensa de De Stéfano, quien consideró que el expediente debía tramitarse en Comodoro Py porque su defendido, como funcionario de la AFI al momento de los hechos investigados, se encuentra involucrado en ambos expedientes.
Kreplak rechazó esta línea argumental recordando que en la causa también están involucrados funcionarios de la provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de La Plata, además de representantes de cámaras empresariales, que no se encuentran involucrados en el expediente que tramita Martínez de Giorgi.
El juez platense también invocó "razones de economía procesal y mejor administración de justicia" que, según su criterio legal, "desaconsejan la pretendida acumulación" de expedientes que pretende De Stéfano a expensas de Macri y compañía, y que convalida Martínez de Giorgi.
"Incluir esta causa, en la que se investiga una específica y sofisticada maniobra, dentro un proceso caracterizado por la amplitud de su objeto, la multiplicidad de las líneas de instrucción abiertas, así como de presuntas víctimas e imputados que en nada se relacionan con el caso que aquí se trata, resultaría claramente contraproducente para la continuidad de esta pesquisa", fundó Kreplak antes de rechazar el pedido.
POR QUÉ EL CASO ES CENTRAL
Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Arribas y Majdalani quieren que todos los casos que involucran espionaje ilegal pasen a Comodoro Py por una razón muy sencilla de explicar: allí la mayoría de los jueces y fiscales les obedecen y los expedientes que refieren a este tipo de delito son de especial relevancia principalmente para el ex presidente porque, además de evitar futuras condenas, necesita contener a su propia tropa, embarrada en el tema y portadora de información que prefiere no salga a la luz.
Es que a fines de abril, Kreplak procesó a los ex AFI “Enano” De Stéfano,
Diego Dalmau Pereyra y Darío Biorci, decisión que también alcanzó a los ex funcionarios bonaerenses Villegas y
Adrián Grassi, en todos los casos por violar la Ley de Inteligencia y por considerarlos partícipes necesarios bajo la figura de prevaricato. Lo mismo para el intendente de La Plata
Julio Garro y al senador de Juntos
Juan Pablo Allan. No parece ser porteña la cosa, como argumenta Py.
Del encuentro en el que pusieron en foco a
Juan Pablo “Pata” Medina para armar la Gestapo participaron todos ellos, igual que los empresarios y el ex ministro provincial
Roberto Gigante, pero a este último grupo se le dictó la falta de mérito.
Sin embargo, y aquí la preocupación de Macri y Vidal, fundamentalmente, es que Kreplak escribió en ese fallo que sigue investigando y que busca dar con los autores intelectuales de los presuntos delitos. Ese lugar parece reservado a las cabezas de los gobiernos nacional y provincial y de la AFI, pero también a jueces y fiscales.
Esto también coloca en la mira al juez Luis Armella y eventualmente también al produrador bonaerense Julio Conte Grand, máximo aliado de la ex gobernadora en sus tiempos en la provincia de Buenos Aires.
La probatoria, hasta el momento, es clara. Incluso el ex director de Contrainteligencia Dalmau Pereyra reveló que la orden de filmar y supervisar dicha filmación de la reunión Gestapo fue dada por Arribas, titular de la AFI y "amigo más acostumbrado a las trampas" de Macri, según el propio ex presidente.
El mismo ex funcionario confesó que esa orden la transmitió Majdalani, entonces subdirectora de la ex SIDE, y que a ella le entregó el video.
Es en este contexto que el juez Martínez De Giorgi avala lo que pide un procesado como De Stefano. El mismo magistrado hace días negó las reuniones de Macri con los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos haya existido, pese al registro oficial y a la confesión de uno de ellos, quien argumentó que jugaban al padle.
El rechazo de Kreplak tabicó las intenciones macristas, pero sin embargo, como sucedió en los casos anteriores, la eventual mudanza del único expediente de espionaje ilegal que no está en Comodoro Py a esos tribunales será decidida por la Cámara de Casación. Y el máximo tribunal penal viene haciendo todo lo que piden Macri y sus ex funcionarios investigados en lo que sea.
De hecho, el fiscal subrogante ante la Cámara Federal de La Plata,
Diego Iglesias, ya dictaminó en esa línea. Según señaló el portal El Destape, se trata de un funcionario judicial con vínculos con el macrismo pero además con la agencia estadounidense DEA.
Fue cuando avaló a Garro, Grassi y Allan, quienes cuestionaron a Kreplak y su rechazo a declararse incompetente para seguir interviniendo en la causa. Los tres dirigentes bonaerenses querían que no se los siga investigando en la Provincia y que, en cambio, el caso pase a Comodoro Py. Raro pero obvio.
Iglesias coincidió a pesar que la fiscal de primera instancia, Ana Russo, no lo había hecho. No pasa casi nunca entre fiscales de una misma jurisdicción.
Russo rechazó la idea del juez porteño Martínez De Giorgi, igual que el fiscal también porteño
Franco Picardi. El magistrado de Py igual quiere el caso. Y el fiscla subrogante ante la cámara plantese Iglesias piensa como Comodoro Py.
El caso seguirá el camino del resto de las causas donde se investigan delitos que adhieren a un presunto plan sistemático de inteligencia ilegal desplegado por los gobiernos de Macri en Nación y Vidal en Provincia. Kreplak buscará seguir investigando sin concesiones, pero decidirá la Cámara de Casación donde el macrismo encuentra eco en 9 de los 12 jueces integrantes.
De esos 9, el ex presidente nombró a 5, que son Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Carlos Mahiques. El último a dedo, sin concurso y después de ser ministro de Vidal. De los 7 que él no nombró, 4 vienen fallando todo lo que pide el macrismo. Son Juan Carlos Gemignani (también denunciado por violencia de género), Eduardo Riggi y los visitantes de Macri en Olivos y Casa Rosada Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Los tres restantes son los únicos limpios de vínculos con Juntos por el Cambio: Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma.