El Senado de la Nación aprobó este jueves y convirtió en ley por unanimidad el proyecto de ley de alivio fiscal del oficialismo que beneficiará a alrededor de 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos para mejorar la situación de estos sectores clave en la vida económica del país. También convirtió en ley el proyecto de HIV, con 60 votos a favor frente a uno negativo, y la ley de oncopediatría.
Por su parte
el proyecto de alivio fiscal fue abordado en un breve debate para que pudiera quedar sancionado antes de la medianoche y evitar así que las nuevas escalas se disparen a partir del 1 de julio. Con ese objetivo
el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, pidió adelantar la discusión del proyecto y acortar la lista de oradores. Por lo que de las cinco intervenciones solo se realizaron dos: las del jefe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista riojano Ricardo Guerra; y la del vicepresidente de esa comisión, el radical chaqueño Víctor Zimmermann.
El proyecto fue presentado a principios de junio por
el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y con la intención de actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría lo que los llevaría a pagar mayores cuotas y
aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados autónomos.
La iniciativa genera nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementa en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del monotributo, mientras que para las dos primeras (A y B) se eliminó el pago del componente impositivo.
El proyecto original de Diputados tuvo algunas modificaciones que contemplan que las categorías más bajas del monotributo -A y B- no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de $288 y $555 por mes, respectivamente. Este beneficio será para los monotributistas "puros", es decir, para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.
De acuerdo al dictamen, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será: Categoría A $ 748.382; Categoría B $1.112.459; Categoría $1.557.443; Categoría D $1.934.273; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.
Así,
las cuotas mensuales a pagar no tendrán un aumento porque sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.
LEY DE VIH
En la noche del jueves el Senado también sancionó la nueva
Ley de respuesta integral al VIH, las hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, todas se incorporan en una misma normativa y se propone un abordaje integral desde la salud colectiva.
La discusión del proyecto con 60 votos a favor y uno negativo, finalizó pasadas las 22 con el aplauso de pacientes al finalizar cada discurso.
La iniciativa elaborada en conjunto con organizaciones que vienen impulsando la reforma desde el 2013 apunta a la
erradicación de las prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales y el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos.
Además, establece la posibilidad de
jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social. Frente a que años de medicalización producen un "envejecimiento prematuro", mientras que "la discriminación histórica" obstaculiza derechos básicos, como el empleo y con ello la posibilidad de acceso a una vivienda y una vejez digna.
En este sentido, la ley plantea la creación de
dos nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 de aportes y al menos 10 años como persona positiva; y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
También todo un capítlo de la ley vela por
los derechos de "las mujeres y personas con capacidad de gestar", y busca garantizar el acceso a la información (sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto "favoreciendo el derecho al parto vía vaginal"), así como a la atención integral durante el embarazo y posparto.
En esta misma línea se establece que los programas de promoción de la salud y prevención del VIH, hepatitis virales, y otras ITS deben "tener en cuenta las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres".
Además, el proyecto focaliza en las
cinco "poblaciones clave y/o en mayor vulnerabilidad" identificadas por Onusida (personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual, varones que tienen sexo con otros varones, personas en situación de encierro y/o personas que usan sustancias psicoactivas), fija sanciones para distintos incumplimientos de la ley, y crea el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en relación a la condición de persona positiva.
La ley además deroga el Decreto 906/95 que establecía la obligatoriedad del test para ingresar o permanecer en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y crea instancias para combatir la "criminalización por la sola condición de la infección".
Por otra parte, los legisladores, también aprobaron por unanimidad
el régimen de protección integral de niños y adolescentes con cáncer. El expediente contaba con la sanción de la Cámara de Diputados. La aprobación fue festejada por grupos de padres que impulsaron la ley de oncopediatría.
