Con la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía, un sector del Frente de Todos busca darle impulsó nuevamente al proyecto de Salario Básico Universal en Diputados. La iniciativa, que volvió a la agenda tras el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner, busca llegar a más de siete millones de personas y proteger a desempleados, trabajadores informales y otros sectores de bajos ingresos, además, intenta erradicar la indigencia. Se ve en Batakis la oportunidad de realizarlo.
El proyecto fue presentado en mayo por diputados del Frente de Todos. El sábado pasado durante su homenaje a Perón en Ensenada,
Cristina Kirchner afirmó que se debe “empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”. “Hay que pensar en un ingreso que no dependa del favor de nadie, es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan llegar. Si hay 7 millones de trabajadores informales, ¿por qué reciben solo un ingreso extra 1.300.000?”, cuestionó en referencia al programa Potenciar Trabajo.
En esa línea y luego de la asunción de la nueva ministra de Economía,
el dirigente social Juan Grabois le reclamó a Batakis, a través de Twitter, que avance con la propuesta : “Te banco fuerte, pero no te felicito… las felicitaciones me las reservo para cuando implementes el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, sostuvo en haciendo alusión a las palabras de la vicepresidenta.
SALARIO BÁSICO UNIVERSAL
En el proyecto presentado en Diputados en mayo por un sector del Frente de Todos se explica que
el Salario Básico Universal (SBU) establecería un piso mínimo de ingresos, que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto- en mayo fue de 14.400 pesos- para que los beneficiarios puedan formarse, terminar el colegio, o incluso conseguir otros empleos con los ingresos minimos asegurados.
El SBU estaría destinado a 7,5 millones de personas que recibirían una cifra similar a la del bono extraordinario de $18.000 que dispuso el Gobierno meses atrás para paliar la escalada inflacionaria. El monto sería equivalente a la Canasta Básica Alimentaria pero calculada por persona.
Podría acceder al beneficio quienes tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero pobres (con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A).La iniciativa busca ampliar el sistema de seguridad social para la población de entre 18 y 64 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos.
Uno de los requisitos para percibirlo es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta Alimentar.
En este sentido, los cálculos establecen que
el costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto podría ascender al 1,8 por ciento del PIB. Es decir, podría ser de alrededor de 300 mil millones de pesos, ya que gran parte de los gatos de otros programas vigentes podrían ser absorbidos por el Salario Básico.
"Nuestro país tiene políticas de transferencias de ingresos dispersas y superpuestas. Se mezclan políticas de ingresos con otras de apoyo al empleo en la economía popular, ambas necesarias. Un Ingreso Universal permitiría transparentarlas, diferenciarlas y hacerlas más eficientes",
explicó el diputado Itaí Hagman, uno de los impulsores del proyecto en comunicación con Página 12.
El diputado también señaló que el SBU “va a ser parte de la agenda económica que viene, en el Frente de Todos ganó consenso y hay que garantizar los ingresos en un contexto donde el mercado laboral no lo hace y la aceleración de la inflación golpea a quienes están fuera de la formalidad”.
En este sentido, Hagman consideró que el Salario Universal “no es contradictorio con fomentar el empleo formal”, sino que será una “ayuda para insertarse en el mercado formal teniendo un piso de ingresos garantizado”.
La propuesta impulsada por el Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos tiene el apoyo de la Cámpora y ahora de Cristina Fernández de Kirchner,
fue presentada como proyecto de ley por un grupo de diputados en el Congreso por el propio Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli del Frente Patria Grande, aunque todavía no fue tratado en comisiones.