Una misión técnica del
Ministerio de Economía partirá este lunes a Washington para cerrar la tercera revisión del acuerdo con el FMI, de la que depende un desembolso de US$ 5.900 millones.
En paralelo discutirán sobre los objetivos del cierre del año, que el equipo económico espera alcanzar con la implementación del “dólar soja”. Continúan las gestiones políticas para conseguir que el organismo contemple los “costos de la guerra” y que además revise su política de sobrecargos.
Fuentes del Palacio de Hacienda detallaron que, en principio, la misión tendrá al frente al viceministro de la cartera,
Gabriel Rubinstein; junto al jefe de Asesores,
Leonardo Madcur; el secretario de Finanzas,
Eduardo Setti, y el encargado en las relaciones con los organismos internacionales,
Marco Lavagna, quien también es titular del Indec. La revisión con los técnicos del Fondo se centrará sobre los criterios de desempeño de acumulación de reservas, emisión monetaria y déficit fiscal del tercer trimestre, que fuentes oficiales aclararon “están aprobados”.
Lo más espinoso será
cerrar las proyecciones hacia el final del año, para alcanzar un rojo primario del 2,5% del PBI, una emisión monetaria del 0,8% del PBI para asistir al Tesoro y una acumulación de reservas de US$ 5.000 millones. La misión del FMI que estuvo hace dos semanas en el país estuvo recopilando los datos que brindó el equipo económico al respecto.
El ministro de Economía, Sergio Massa, resaltó el viernes, durante el anuncio de reapertura del “dólar soja”, que el “objetivo central” de la medida es consolidar la situación fiscal del país, a partir de la recaudación que se generará por la liquidación pactada con las cerealeras de al menos US$ 3.000 millones.
“Vamos a cerrar el año cumpliendo la meta de déficit fiscal y de reservas”, afirmó el funcionario ante los representantes del agro.
Lo más importante será el camino del 2023 en el marco de un contexto internacional desafiante y el impacto que generó la guerra en Ucrania para la economía global. Por eso Sergio Massa busca que ingrese en la mesa de discusión “los costos de la guerra”, que en base a cálculos del Palacio de Hacienda fue de US$ 5.000 millones en la balanza comercial y de $590.000 millones en subsidios que debió pagar la Administración Pública.
En paralelo,
el Gobierno mantiene su reclamo por la política de sobretasas del FMI, que le cuestan al país en torno a los US$1.500 anuales. El pedido de revisión fue realizado el año pasado durante la Cumbre del G20 en Roma y reiterado en la última que tuvo lugar en Bali, Indonesia.
