27.12.2022 / FMI
Los pedidos del FMI al Gobierno para cumplir con la meta de déficit en pleno año electoral
El organismo le marcó a la Argentina que para cumplir con la meta del déficit fiscal en 2023, deberá contener gastos electorales y la masa salarial del sector público “a través del congelamiento de las contrataciones en todo el sector”, bajar los Potenciar Trabajo y las jubilaciones, “evitando las moratorias”.
El próximo año el Gobierno deberá bajar el déficit fiscal del 2,5% del PBI al 1,9% para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), frente a lo que el organismo le pide bajar el gasto en asistencia social y en pensiones, a través de menos planes Potenciar Trabajo y evitando moratorias, y seguir profundizando la baja en subsidios energéticos.
Por otro lado, también pidió mejorar la recaudación, principalmente de impuestos como el de bienes personales, y anticipa que el acuerdo de intercambio de información automática de cuentas con Estados Unidos puede “ayudar a mejorar ingresos si se administra de forma transparente”
En el apartado sobre discusión de las políticas, el informe hace referencia a la política fiscal. “La consolidación fiscal debe continuar en 2023 y contener las presiones de gasto”, aseguró el documento. En base a lo aprobado en el presupuesto para el año que viene, “la consolidación está sustentada principalmente por una reducción en los subsidios (0,6% del PBI), del sector energético, agua y transporte, una racionalización de la asistencia social (0,8% del PBI), con la cancelación de bonos de emergencia y mejoras en la focalización de los beneficios)”.
Para el próximo año, frente a lo acordado entre el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, y el FMI, se esperan otros gastos en salarios (0,1% del PBI), las pensiones (0,2% del PBI), las transferencias a provincias (0,1% del PBI). Mientras que los gastos de capital se mantienen sin cambios en 1,6% del PBI. Dado que la recaudación en términos de PBI cae en 2023 según las proyecciones, a la baja del déficit primario en año electoral se llega con una baja del gasto, del 20,5% del PBI a 18,7%.
Además, el FMI pidió “esfuerzos” para contener la masa salarial del sector público “a través del congelamiento de las contrataciones en todo el sector” y las jubilaciones, “evitando las moratorias”. El documento asegura que estas medidas son necesarias para “proteger” los proyectos de infraestructura clave, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y “absorber los costos de llevar a cabo las elecciones presidenciales del 2023”, estimados en 0,2% del PBI.
Si bien el Fondo no mencionó las elecciones, esto significa que en el primer semestre el déficit primario deberá ser del 0,8% y luego quedará otro 1,1 puntos para el segundo.
El informe señala que “el descontento social aumentó en medio de la restricción del gasto y cierta caída en los salarios reales” en conjunto con la baja del gasto, por lo que le da la “bienvenida” a los signos de una demanda interna que se suaviza, lo que podría ayudar a una mejora en la balanza comercial.
Además de mejorar la focalización de los subsidios a la energía para asegurar el “éxito” de la consolidación fiscal, el documento asegura que también “se requiere mejorar la calidad y focalización del gasto social”.
Al respecto, el FMI espera que en enero concluya la auditoría de los planes y que para marzo del 2023 que se termine de ejecutar la estrategia de “focalización” de los Potenciar Trabajo, “que crecieron de manera constante desde 2015, pero particularmente durante la pandemia”.
Y señala que ya se eliminaron 20 mil beneficiarios “no elegibles” y que “se esperan más reducciones durante el transcurso del próximo año, mientras se están desarrollando planes para limitar el beneficio para aquellos que reciben otras transferencias del gobierno”.
Sobre las jubilaciones, uno de los mayores gastos del Estado, el FMI espera un informe con opciones para mejorar la sustentabilidad del sistema. “Los primeros diagnósticos identifican la fragmentación del sistema, en particular la generosidad de los múltiples regímenes especiales para diferentes ocupaciones, aunque la elaboración de propuestas de reformas específicas sólo será plausible después de las elecciones”, destaca el texto.
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