El juez
Javier Carbajo decidió apartarse de la causa Vialidad que entre los imputados tiene a Cristina Fernández de Kirchner y que llegó la semana pasada a la sala IV de la Cámara Federal de Casación luego del pedido de recusación de la Vicepresidenta.
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Es mi obligación legal inhibirme de continuar interviniendo en el presente proceso para no comprometer, irremediablemente, el deber de imparcialidad que tengo como juez constitucional, atributo inabdicable de la función judicial para preservar sin alteraciones la confianza pública, y condición inexcusable para asegurar un juicio justo”, sostuvo en su presentación el magistrado.
Es que Carbajo había te
nido intervención en “La Ruta del Dinero”, el expediente por el que Lázaro Baéz terminó condenado por lavado de dinero. Al confirmar esa condena, el magistrado dijo que uno de los delitos precedentes para el lavado de dinero había sido la plata por la obra pública que el empresario recibió entre 2003 y 2015, es decir, durante el kirchnerismo y eso podría ser considerado como adelantar su posición.
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Advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 [el juicio por lavado] en cuanto a la acreditación del delito precedente, en particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones en aquella operatoria ilegal”, remarcó el juez Carbajo en su escrito de apartamiento.
Tras esta decisión, solo resta que Borinsky y Hornos resuelvan si la excusación de su colega está correctamente fundamentada. De ser así, la Cámara deberá sortear un nuevo juez o jueza para que intervenga en el caso.
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Las defensas de los 12 acusados
podrían pedir también que se aparten de intervenir Borinsky y Hornos, quienes fueron duramente criticados por el kirchnerismo por haberse reunido con Mauricio Macri tanto en Olivos como en la Casa Rosada.
De todas formas el caso en la Cámara Federal de Casación Penal no iba a llegar a resolverse este año, por los tiempos judiciales y su complejidad.
Hace diez días la Vicepresidenta solicitó que la Cámara intervenga en el caso y que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación que se le impuso en el juicio. En el pedido de absolución,
Cristina Kirchner consideró que el fallo en su contra contiene "arbitrariedad fáctica y normativa" y constituye "un supuesto de enorme gravedad institucional".
Mientras que el fiscal
Diego Luciani, tampoco conforme con el resultado el juicio solicitó a la Cámara que
le agrave la pena impuesta a CFK y que se la condene también por el delito de asociación ilícita, una figura que había sido descartada por el Tribunal.