Tras una movida planificada y estratégica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una misma sala compuesta por solo dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal decidió este lunes reabrir las causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum de Entendimiento con Irán y pidió que se realicen juicios orales en los que está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Las dos decisiones de Comororo Py fueron tomadas por la
Sala I de la Casación, con los votos de los jueces
Diego Barroetaveña y Diego Petrone.
Todo fue posible - al menos con tal holgura - debido que la jueza Ana María Figueroa, que integraba ese cuerpo judicial, cumplió los 75 años y pidió en un proceso habitualmente sin sobresaltos seguir ejerciendo, pero fue dejada afuera en una decisión express y sin precedentes por parte de la Corte que preside Horacio Rosatti.
Así las cosas, el máximo tribunal penal del país con el voto de solo dos jueces dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos que investigaron y llevaron adelante el proceso previamente. Las resoluciones son apelables solo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó clara su postura de maneras innumerables. Lawfare capítulo un millón.
Hotesur-Los Sauces
El expediente conocido como Hotesur-Los Sauces trata sobre una acusación contra CFK y sus hijos
Florencia y Máximo Kirchner según la cual estos ofrecían el alquiler irregular de hoteles de la familia a falsos inquilinos para recibir pagos ilegales a cambio de obra pública, pese a que todas las operaciones estuvieron bancarizadas.
Así las cosas,
el caso llegó al Tribunal Oral Federal 5, con procesamientos por lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas, pero una mayoría estableció que no había nada que juzgar.
En la audiencia con Casación de noviembre pasado, donde el fiscal
Mario Villar pidió revocar los sobreseimientos a Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, entre otros, estuvo la jueza Figueroa. La Corte la sacó del medio y Comodoro Py no respetó ni el mínimo decoro de reintegrar la sala y hacer participar en audiencias al reemplazante eventual de la magistrada echada por el máximo tribunal.
Ahora, Casación, con las manos de Barroetaveña y Petrone, revocó ese sobreseimiento de la Vicepresidenta y ordenó que se haga el juicio oral y público junto al resto de la treintena de imputados, entre ellos su hijo Máximo Kirchner, por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia.
La decisión no incluye a Florencia Kirchner. “Al momento de ingresar Florencia Kirchner a la sociedad comercial, ésta ya estaba operativa, con su progenitora Cristina Fernández de Kirchner y su hermano mayor Máximo Kirchner, desde hacía ocho años”, escribieron. Incluidarla era aún más vergonzoso.
Ahora, el caso volverá ahora al TOF 5, que en noviembre de 2021 sobreseyó por mayoría a los acusados. Se estima que de todos modos el eventual juicio no comenzaría en el corto o en el mediano plazo - aunque si se trata de CFK, Comodoro Py trabaja a destajo - ya que las defensas pueden apelar el fallo de Casación a la Corte, que también acelera todo lo que puede los expedientes respecto de la ex presidente.
El caso había sido elevado a juicio en febrero de 2019. Pero el TOF 5, con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, sobreseyó a los acusados, dado que explicaron que no hubo lavado de dinero porque cuando se dieron los hechos había una ley penal más benigna que la actual.
Además revelaron que jamás pudo haber lavado en tanto figura delictiva porque los fondos que se discutían estaban bancarizados. También sumaron que a la causa se incorporaron elementos nuevos como las elevaciones a juicio de las causas vialidad -en la que Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados- y Oil Combustibles -la empresa de López y de Sousa acusada de fraude al estado en la retención de impuestos- que descartan las acusaciones.
En disidencia, la jueza Adriana Palliotti votó por rechazar los pedidos de sobreseimiento. Lo hizo con un mono argumento que podrían aplicarse a todo y que, entonces, toda sospecha deba ir sí o sí a juicio oral: dijo que deben analizarse allí junto con toda la prueba del caso.
A la vez y para completar el cuadro, Casación también rechazó este lunez la recusación que promovió en su contra la defensa de CFK. En cambio, los jueces Grûmberg y Obligado quedaron apartados. De la Corte a Casación, con moño.
Así las cosas, la causa volverá al TOF 5 con una nueva integración. El juez Grünberg ya no integra el tribunal porque cuando resolvió el caso era subrogante mientras que todo indica que Obligado no podrá intervenir porque, como es inevitable, opinó sobre el fondo del caso cuando votó por los sobreseimientos, lo que lo inhabilita para hacer el juicio. Así, sólo queda Palliotti, que usó un argumento que sirve para cualquier cosa por lo que no adelantó postura.
Memorándum con Irán
En la causa del Memorándum con Irán, Cristina Kirchner y otros exfuncionarios fueron acusados de encubrimiento del atentado a la AMIA por el fallecido fiscal Alberto Nisman, pero luego de idas y venidas el Tribunal Oral Federal 8 concluyó que no hubo delito, y por lo tanto no podía haber juicio.
Fueron todos sobreseídos,
pero las querellas de la AMIA y la DAIA apelaron y reclaman un enjuiciamiento. El fiscal
Javier De Luca había desistido. Las audiencias ante la Sala I se hicieron en noviembre de 2022, con participación de Figueroa, la jueza excluida por la Corte en una acción clave para embestir contra la ex presidenta por partida doble en pleno proceso electoral - del que no es parte -.
Ahora,
Barroetaveña y Petrone consideron que el accionar de los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado no fue pertinente y pidió revocar el sobreseimiento de la Vicepresidenta, así como los de Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
“Ante la excepcionalidad de la solución prevista en la norma antes citada y teniendo en consideración que, una vez elevada la causa a juicio, el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde tratar las cuestiones de hecho y prueba, cabe concluir que la decisión recurrida se ha sustentado en afirmaciones dogmáticas acerca de la verificación en el caso de las exigencias contenidas en el art. 361 del CPPN y la pretensión de agotar el examen acerca de la responsabilidad penal de las personas acusadas en esa etapa intermedia contradice, no solo las reglas de la sana crítica, sino del debido proceso y desnaturaliza la instancia en la que se encuentra la causa”, escribieron en el fallo Barroetaveña y Petrone.
¿Qué quiere decir? El único argumento que tienen y el mismo al que había recurrido la única jueza regular que, en Hotesur-Los Sauces, fue contra Cristina: que todo se debe juzgar en juicio oral. Raro, porque si así estuviera establecido por "naturaleza" en el Código Penal, ¿para qué existe la posibilidad de que los tribunales rechacen realizar juicios orales antes de su inicio?
La causa empezó en enero de 2015. Fue por la denuncia de Nisman, que primero consideraba que el pacto con Irán para poder juzgar a los acusados estaba bien pero después cambió de perspectiva y pasó a sostener que con la firma del memorándum se buscó encubrir a los presuntos ejecutores e ideólogos del atentado a la AMIA.
Nisman argumentó que el pacto hacía caer las alertas rojas de Interpol de detención que pesaban sobre ellos. El objetivo del acuerdo era destrabar la causa judicial que no avanzaba porque Irán no extraditaba a los imputados del hecho por la justicia argentina. El memorándum establecía que Nisman y el juez del caso, en ese entonces Rodolfo Canicoba Corral, podían viajar a Irán para indagar a los acusados. También creaba una comisión de la verdad, con juristas de ambos países, para intentar esclarecer el hecho.
Sin embargo, luego se probó, con el propio testimonio del entonces titular de Interpol, que el acuerdo no hacía caer ninguna de las alertas rojas y que eso sólo lo podía solicitar el juez actuante, luego de que los procesos de toma de testimonios que impulsaría dicho memo, además de otras medidas de prueba, se realizaran.
Cuatro días después de que presentó la denuncia, Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza. El juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia. Pero luego la Cámara Federal de Casación Penal la reabrió, apartó al magistrado y la causa quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, el juez al que le caían todos los expedientes contra CFK, quien en marzo del 2018 envió el caso a juicio oral con 12 acusados.
A esa instancia llegaron Cristina Kirchner, Mena, Zuain, Zannini, el actual senador nacional Oscar Parrilli, el dirigente social Luis D´Elia y el fallecido ex canciller Héctor Timerman, imputados de encubrimiento agravado, entre otros. Algunos de ellos, como D´Elia y Zannini, fueron detenidos por orden de Bonadio. Timerman estuvo bajo prisión domiciliaria. El magistrado también había dispuesto la prisión preventiva de CFK, que no se concretó por sus fueros como senadora nacional.
La causa le tocó liuego al TOF 8, que en octubre de 2021 sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito”, dijeron en el fallo los jueces López Iñiguez, Michilini y Obligado, quien ahora quedarían apartados. Casación ahora revocó esta decisión y ordenó que el juicio se lleve adelante.
