La Secretaría de Inteligencia del Estado aprobó el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que fija los lineamientos estratégicos para los próximos años bajo el liderazgo de Sergio Neiffert. De acuerdo a una nota de La Nación realizada por el periodista Hugo Alconada Mon, el documento, de 170 páginas, reitera obligaciones clásicas como la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado, pero agrega facultades para recabar información de quienes busquen “erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación”, sin precisar si se refiere a agentes extranjeros o críticos domésticos.
El texto incluye además como objetivo a todo aquel que genere o pueda generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno, sin aclarar si el foco caerá sobre entidades de lobby, economistas críticos o a quienes el presidente Milei denosta como “econochantas”.
El documento plantea interrogantes sobre el alcance de estas atribuciones: ¿alcanzará a economistas discordantes con el ministro de Economía, a “influencers” libertarios o incluso a funcionarios de la Casa Rosada como Juan Pablo Carreira, que en plena veda electoral difundieron videos contra el expresidente Macri?.
El Plan reafirma la prioridad absoluta del alineamiento con Estados Unidos e Israel y detalla que, tras la última reasignación presupuestaria, la SIDE contará este año con $80.872 millones, de los cuales $13.436 millones corresponden a “gastos reservados”