14.07.2025 / RECHAZÓ LA APELACIÓN
Juicio a YPF: la jueza Preska mantendrá firme la sentencia que obliga a Argentina a entregar el 51% de sus acciones
La magistrada del tribunal rechazó el pedido de la defensa argentina, que solicitaba suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF.
La jueza del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender la orden judicial que lo obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF a Burford Capital, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.
El Gobierno nacional había solicitado esta medida con el argumento de evitar un perjuicio mayor para el país mientras se sustancia la apelación de fondo. Sin embargo, la jueza acusó a la Argentina de haber incumplido las condiciones que le permitieron acceder previamente a una suspensión sin garantías, y de usar tácticas para eludir la sentencia.
“La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de Turnover, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”, escribió Preska en su resolución. En su fallo, recordó que el país ya había obtenido una prórroga para acomodar la transición de gobierno, pero que no utilizó ese plazo para avanzar con lo requerido.
También plantea que se trata de un caso de extralimitación jurisdiccional, al extender los efectos del fallo más allá de lo que permite el marco legal internacional. En respaldo, la presentación judicial cita la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, que advirtió sobre las implicancias de avanzar con una decisión que podría sentar un precedente problemático en materia de relaciones internacionales.
Sin embargo, especialistas opinaron que el país podría entrar en desacato si no cumple con lo resuelto, aunque eso solo ocurriría si los demandantes así lo solicitan. De todas formas, las implicancias de un desacato hoy podrían ser más severas que en el pasado, dado que Argentina ya no se encuentra tan aislada como lo estuvo en otras etapas de su historia.
En paralelo, sigue en pie otro frente judicial, la apelación de la sentencia de fondo que condenó en 2023 a la Argentina a pagar USD 16.000 millones a Burford Capital. Ese expediente, por ahora, se encuentra estancado en la Cámara, que aún no fijó fecha de audiencia.
En este contexto, algunos analistas sostienen que el Gobierno debería iniciar algún tipo de negociación para evitar mayores daños. “Es correcto agotar todas las vías legales, pero mientras tanto se debería hacer algún tipo de control de daños. No es debilidad sentarse a negociar, todo lo contrario. Es mostrar que interesa resolver un problema”, evaluó el especialista Sebastián Maril, a pesar de que la jueza Preska, por su parte, haya dejado en claro que no aceptará más dilaciones y que considera firme su decisión.
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