Una vez más, Brasil fue eliminado del Mapa del Hambre elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras una revisión trienal que registró una caída sostenida del índice de subnutrición. Se trata de la segunda vez que logra salir de esta categoría bajo el liderazgo de
Luiz Inácio Lula da Silva, una coincidencia que desde el gobierno no se interpreta como casualidad, sino como consecuencia directa de un modelo de gestión enfocado en la implementación de políticas públicas.
El nuevo informe de la ONU, titulado El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2025, determinó que entre 2022 y 2024 el porcentaje de población brasileña con riesgo de desnutrición descendió por debajo del umbral del 2,5%, cifra que marca el límite técnico para que un país sea excluido del listado. En contraste, Brasil había sido reincorporado al mapa en 2021, luego del deterioro social registrado a partir de 2018 y el impacto de la pandemia de covid-19.
Lula celebró la noticia como un "orgullo" y "logro histórico", y destacó que es posible erradicar el hambre "con políticas públicas serias y compromiso con el pueblo". El anuncio se conoció durante la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU realizada en Etiopía, y fue presentado como una reivindicación de su promesa de campaña, la de retomar el camino iniciado en sus primeros mandatos, cuando Brasil también había salido del mapa en 2014.
FÓRMULA SOCIAL: CÓMO SALIÓ BRASIL DEL MAPA DEL HAMBRE
El informe no solo respalda una mejora en el acceso a los alimentos, sino que también se apoya en otros datos positivos que refuerzan esta tendencia: en 2024, el desempleo cayó al 6,6%, el índice de desigualdad (Gini) marcó su nivel más bajo desde que hay registros y, por primera vez desde 2015, la mayoría de la población brasileña volvió a integrar la clase media. Además, el ingreso laboral creció más rápido entre los sectores de menores recursos.
El gobierno atribuye este avance a una batería de medidas coordinadas que conforman el plan "Brasil Sin Hambre". Entre ellas se destacan la revalorización del salario mínimo, el fortalecimiento del programa Bolsa Familia, el apoyo a la agricultura familiar, la expansión de la alimentación escolar y el impulso al empleo formal. De los 1,7 millones de empleos creados en 2024, casi el 99% fueron ocupados por personas registradas en el sistema de protección social.
El efecto redistributivo también se refleja en la salida de casi 24 millones de personas de la inseguridad alimentaria grave desde el inicio de la actual gestión. A su vez, más de un millón de familias dejaron de depender del Bolsa Familia gracias a mejoras en su situación laboral o productiva. El vínculo entre protección social y autonomía económica es parte central del enfoque del gobierno.
En paralelo, Brasil impulsó la creación de una Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza en el marco del G20, con la intención de que otros países adopten estrategias similares. El plan busca fortalecer la cooperación internacional para erradicar el hambre hacia 2030, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
“En Brasil, salir del mapa es solo el comienzo. Queremos justicia alimentaria, soberanía y bienestar para todos”, aseguró el ministro Wellington Dias.