Los impulsores de la demanda colectiva –“class action”- que tramita en los tribunales de Nueva York acusaron al presidente Javier Milei de haber emitido “una declaración promocional altamente engañosa” y que fue “estratégicamente planificada para dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental en el momento del lanzamiento del token”, lo que llevó a que “decenas de miles de consumidores razonables fueran engañados”.
La acusación contra Milei aparece en un escrito que los impulsores de la “class action” presentaron ante la jueza federal Jennifer Rochon para solicitar que se prolongue el congelamiento temporario de más de USD 57 millones depositados en billeteras virtuales del estadounidense Hayden Davis. Los promotores de la demanda pretenden mantener la medida hasta el final del proceso judicial.
El señalamiento explícito de Milei ante una Corte federal de Estados Unidos no implicará problemas legales en el corto plazo para el Presidente, pero conlleva un riesgo latente en el mediano o largo plazo. De triunfar en esta demanda colectiva civil, los demandantes podrían luego ampliar sus reclamos a Milei o, incluso, al Estado argentino.
Firmado por los letrados Max Burwick y Margaret Hoppin, el escrito de 25 carillas concentró sus dardos en Davis y su equipo de Kelsier Ventures, protagonistas visibles del lanzamiento y colapso del memecoin $LIBRA, el 14 de febrero pasado. Pero también apuntaron contra uno de los referentes de la plataforma Meteora, Benjamin Chow, al que acusaron de facilitar el “fraude” desde las sombras.
“Los demandados no pueden eludir su responsabilidad alegando ignorancia”, afirmaron los letrados. “Los demandados de Meteora colaboraron secretamente con los demandados de Kelsier para orquestar el fraude de LIBRA, obteniendo millones mientras se promocionaban públicamente como protectores de los inversores minoristas”, sostuvieron, por lo que reclamaron que la jueza Rochen mantenga inmovilizados “los fondos de LIBRA”.
“Davis prometió ‘reinvertir el 100% de los fondos bajo su control’, pero no lo hizo. En cambio, reembolsó cinco millones de dólares a un comprador —el director ejecutivo de Barstool Sports, Dave Portnoy—, a pesar de haber calificado públicamente como ‘descabellados’ los reembolsos a los inversores. Davis también se ha negado a ceder el control de los activos, ‘incluso si se trata de un tercero de confianza’, porque ha dicho que su ‘única ventaja es que tiene todo este dinero”, agregaron.
El planteo de los abogados responde a un contrapunto que comenzó a gestarse semanas atrás. Tras ordenar el congelamiento de decenas de millones de dólares, el 27 de mayo, la Corte mantuvo una videoconferencia con todas las partes el 1° de julio. Allí fijó una audiencia para el 19 de agosto en que evaluará si mantiene su decisión o libera los fondos. Pero el 9 de julio, Davis presentó un escrito en el que atacó los argumentos de los actores, tras adelantar que buscaría recuperar el control del dinero para transferirlo a la Argentina.
Para los letrados que en Nueva York impulsan la “class action”, sin embargo, el resultado sería el opuesto. “La propia conducta de los acusados —lavar el dinero a través de múltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, llamar explícitamente a los fondos congelados su ‘apalancamiento’ [para negociar] y ofuscar deliberadamente cualquier posibilidad de controlar la operatoria— demuestra el riesgo inminente de un daño irreparable si no se obtiene una medida cautelar”.
Ahora, la jueza Rochon deberá evaluar los pasos a seguir. Incluso, si retiene la “class action” en su juzgado o si lo remite a los tribunales federales en Texas, como reclamó Davis. Adujo que no tiene domicilio en Manhattan, ni mantuvo reuniones vinculadas al criptoactivo, ni tampoco estaba allí durante el lanzamiento o hizo publicidad, ni actividad alguna que amerite que la demanda colectiva continúe en Nueva York sin violar “la garantía del debido proceso”.
Burwick y Hoppin también se opusieron a ese planteo de Davis. Remarcaron que Chow vive en Nueva York y que, por tanto, Rochon es competente, por lo que debería ser ella quien debería mantener congelado el dinero que Davis recaudó la noche del 14 de febrero, tras el primer posteo del presidente Milei, y evitar así que el dinero desaparezca para siempre.