El Gobierno de la Nación implementó una dura reforma al sistema de naturalización que habilita a extranjeros a obtener la ciudadanía argentina sin necesidad de residir previamente en el país, siempre que realicen una “inversión relevante”. La medida altera uno de los pilares tradicionales del acceso a la nacionalidad y forma parte del paquete de iniciativas orientadas a captar capitales del exterior.
La medida, oficializada este jueves en el Boletín Oficial y que ya entró en vigencia, complementa el Decreto 366/2025 sancionado en mayo, que incorporó en la Ley de Ciudadanía n.º 346 la figura del "ciudadano por inversión". De acuerdo con la normativa, podrán solicitar la nacionalidad “los extranjeros que acrediten ante la Dirección Nacional de Migraciones, cualquiera sea el tiempo de su residencia, haber realizado una inversión relevante en el país”.
El proceso será canalizado a través de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía. Allí, los interesados deberán iniciar el trámite y someter su inversión a evaluación. Será ese ministerio el que defina, de manera exclusiva, qué tipo de aporte económico califica como “relevante”.
Si el desembolso cumple con los requisitos, la Agencia deberá solicitar informes a distintos organismos del Estado. Entre ellos figuran el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia y el Registro Nacional de las Personas. Según la resolución, el objetivo de este proceso es determinar si la concesión de la ciudadanía “podría representar un riesgo para la seguridad nacional o para los intereses nacionales”.
Finalizada la etapa de consultas, el organismo elevará un “informe circunstanciado por medio del que recomiende la aprobación o rechazo de la solicitud” a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá un plazo de 30 días hábiles para emitir su decisión. En caso de aprobación, el solicitante podrá tramitar de forma automática su CUIT ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que le permitirá operar dentro del sistema fiscal y financiero argentino.
La nueva modalidad elude el requisito de dos años de residencia legal continua que regía hasta ahora para los extranjeros que buscaban acceder a la ciudadanía argentina. A partir de esta actualización, ese plazo ya no será necesario si se cuenta con una inversión aprobada por el Ejecutivo.
El anuncio generó cuestionamientos por parte de especialistas y sectores opositores, que expresaron preocupación sobre los márgenes de discrecionalidad. Advirtieron que la falta de criterios objetivos y públicos sobre qué inversiones serán admitidas podría derivar en situaciones de “arbitrariedades, discrecionalidad o incluso maniobras de lavado de activos”.