
Dos episodios sacudieron a La Libertad Avanza a nivel federal mientras cranea su estrategia electoral, esta vez, con denuncias por violencia de género que derivaron en la expulsión y la renuncia de dos figuras. Uno de los casos adquirió mayor gravedad por tratarse de un candidato que tenía previsto competir en los comicios de septiembre, el aspirante a concejal Maximiliano Cobas en el municipio bonaerense de Lobos.
El segundo ocurrió en Salta, donde el Concejo Deliberante se encuentra debatiendo la expulsión del edil Pablo López tras ser acusado de exigir favores sexuales a una militante de su espacio a cambio de dinero.
El caso que involucra a Cobas se conoció tras la viralización de un video en redes sociales, en el que se observa parte de la agresión denunciada por su ex pareja. La mujer, de 37 años, aseguró haber sido golpeada por el referente libertario en su domicilio, y fue atendida por personal del SAME con una lesión visible en el pómulo.
La intervención policial se produjo la noche del miércoles pasado y terminó con la imputación de Cobas por “lesiones leves agravadas por el vínculo” y “violación de domicilio”, según confirmó la fiscalía interviniente.
Tras la difusión del hecho, la seccional de LLA en Lobos emitió un escueto comunicado en el que confirmó la renuncia “voluntaria e indeclinable” de Cobas. “Sostenemos los principios de la vida, la libertad y la propiedad privada, y exigimos a nuestros integrantes un compromiso ético con las normas de convivencia republicana”, se lee en el texto.
Mientras tanto, en Salta, el escándalo en torno al concejal Pablo López escaló a nivel institucional. El dirigente fue denunciado a principio de mes por una militante que aseguró que López le exigió sexo oral a cambio de devolverle parte del salario que le retenía. A pesar de que presentó su renuncia tras la repercusión del caso, el Concejo Deliberante la rechazó y optó por un proceso formal de expulsión, al considerar que el legislador debía dar explicaciones públicas y someterse al procedimiento correspondiente.
"No se trata solo de una salida institucional, sino de una exigencia ética”, sostuvieron desde la Comisión de Disciplina y Juicio Político en diálogo radial. El funcionario lamentó que López no se haya presentado a ejercer su defensa cuando fue citado y cuestionó su decisión de retirarse del espacio sin enfrentar el proceso: “Cualquier persona que se considera inocente utiliza estas instancias”, apuntó.
Medios locales develaron que la causa se enmarca en “extorsión sexual, retención de haberes y violencia de género”. La Fiscalía continúa trabajando en el expediente y el cuerpo legislativo se mantiene a la espera de nueva documentación para definir si corresponde su remoción definitiva del cargo.
Si bien desde el espacio intentaron tomar distancia con pronunciamientos institucionales, lo cierto es que las denuncias, el tenor de los hechos y la exposición pública debilitan su discurso de transparencia y "ficha limpia", justo cuando la fuerza busca consolidarse como una alternativa competitiva en distritos clave de la Provincia de Buenos Aires, histórico bastión del peronismo.